Patricia Solano responde a diputado oficialista: «No respondo lo que usted quiere»
Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, protagonizó un intenso intercambio con diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa durante una audiencia en la que defendió la actuación del Poder Judicial frente a cuestionamientos sobre una supuesta infiltración del narcotráfico y la asignación de recursos presupuestarios.
Durante la comparecencia, la magistrada respondió consultas relacionadas con la gestión judicial, la mora en los procesos, el presupuesto institucional y las investigaciones contra funcionarios judiciales. Uno de los momentos de mayor tensión surgió cuando el diputado oficialista Fernando Obaldía insistió en que respondiera si existía o no infiltración del narcotráfico dentro del Poder Judicial.
Patricia Solano responde a diputado oficialista: «No respondo lo que usted quiere»
El legislador mencionó diversos expedientes de jueces investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales y sostuvo que esos casos constituían evidencia suficiente para respaldar las afirmaciones realizadas anteriormente desde el Poder Ejecutivo sobre ese tema.
Solano rechazó esa interpretación y afirmó que todas las denuncias detectadas han sido atendidas conforme a los procedimientos internos. Además, destacó que los casos señalados representan una proporción mínima del total de jueces que integran el sistema judicial costarricense.
Cruce de respuestas durante la audiencia
La presidenta de la Sala Tercera explicó que en Costa Rica existen aproximadamente 1.100 jueces y que únicamente seis han enfrentado investigaciones de esta naturaleza.
«Todos los casos en donde hemos determinado irregularidades los hemos investigado. Están detenidos y se les ha seguido proceso», manifestó la magistrada al responder los cuestionamientos del diputado.
Obaldía insistió en obtener una respuesta limitada a un «sí» o un «no». Sin embargo, Solano optó por ampliar su explicación y señaló que el Poder Judicial actúa bajo principios distintos a otros poderes del Estado.
«No respondo lo que usted quiere, que es distinto, la respuesta no le satisface», respondió la magistrada cuando el legislador solicitó a la presidencia de la comisión detener el tiempo asignado para las preguntas, al considerar que no estaba contestando de manera directa.
El intercambio obligó la intervención de otros integrantes de la comisión, quienes participaron para ordenar el desarrollo de la audiencia mientras continuaba el debate entre ambas partes.
Posteriormente, Solano añadió que el Poder Judicial investiga y procesa internamente cualquier irregularidad detectada entre sus funcionarios, por lo que, a su criterio, los casos individuales no pueden interpretarse como evidencia de una infiltración generalizada.
Debate por el presupuesto judicial
Otro de los temas abordados durante la sesión fue la situación financiera del Poder Judicial. La magistrada sostuvo que los recursos asignados continúan siendo insuficientes para atender las necesidades de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según explicó, en 2024 la Asamblea Legislativa aprobó cerca de ¢9.000 millones destinados principalmente a la contratación de fiscales y otro personal especializado. No obstante, indicó que esos recursos fueron girados hasta noviembre, cuando ya no existía tiempo suficiente para ejecutar los concursos de contratación.
«Nos dan la plata y después nos dicen que no la utilizamos. Si Hacienda no da la plata, nosotros no tenemos», afirmó durante su exposición ante los diputados.
Las declaraciones provocaron una nueva discusión, esta vez con el diputado Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano y exministro de Hacienda.
Acosta rechazó que el Poder Judicial carezca de recursos y aseguró que durante los últimos cuatro años el presupuesto institucional aumentó en aproximadamente ¢84.000 millones.
«Decir que no les giramos los recursos no es cierto», respondió el legislador, quien sostuvo que los fondos sí fueron incorporados dentro de las asignaciones presupuestarias aprobadas.
Frente a ese señalamiento, Solano reiteró que la discusión no se limita al monto global aprobado, sino al momento en que los recursos son transferidos y a la obligación constitucional de financiar adecuadamente al Poder Judicial, que además debe distribuir esos fondos entre todas sus dependencias.
La comparecencia de Patricia Solano forma parte de una serie de audiencias realizadas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para analizar el funcionamiento de las instituciones vinculadas con la persecución del crimen organizado. Semanas atrás, ese mismo órgano legislativo también recibió al fiscal general Carlo Díaz para abordar temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la capacidad operativa del sistema de justicia.
