Fiscalía investiga compra de ambulancias: “No descartamos la existencia de otras actividades ilícitas”
El Ministerio Público y el OIJ revisan toda la cadena de contratación, incluido el uso de un decreto de emergencia.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación penal sobre la compra de ambulancias tramitada mediante un decreto de emergencia, por el posible delito de influencia contra la Hacienda Pública, según confirmó el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Compra de ambulancias: qué investiga el Ministerio Público
Las diligencias se desarrollan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y surgieron luego de que distintas publicaciones alertaran sobre posibles anomalías en el proceso de adquisición de estas unidades.
Al ser consultado sobre el avance del caso, Díaz detalló el alcance inicial de la pesquisa: “Se investiga el delito de influencia contra la Hacienda Pública de momento, pero no descartamos la existencia de otras actividades ilícitas”, manifestó.
El jerarca subrayó que el proceso se encuentra en una etapa temprana y que los investigadores deberán examinar toda la cadena de contratación, desde los pliegos de condiciones hasta los mecanismos empleados para concretar la compra.
Decreto de emergencia, en el centro del análisis
Uno de los puntos que revisarán las autoridades es la forma en que se desarrolló el supuesto contrato al amparo de un decreto de emergencia, así como las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el procedimiento de adquisición.
Los decretos de emergencia permiten a la Administración agilizar ciertas contrataciones ante situaciones calificadas, por lo que la Fiscalía analizará si su aplicación en este caso se ajustó a la normativa vigente.
“Vamos a analizar todo para determinar si existe algún delito que perseguir”, señaló Díaz, al referirse a la revisión integral que realizarán el Ministerio Público y el OIJ sobre la documentación del proceso.
El delito de influencia contra la Hacienda Pública se relaciona, en términos generales, con el uso indebido de la posición o de las relaciones de un funcionario para incidir en decisiones que afecten los fondos públicos en beneficio propio o de terceros.
El fiscal general aclaró que, por ahora, la investigación permanece en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y no está bajo el conocimiento directo de su despacho.
No obstante, advirtió que el expediente podría cambiar de instancia si durante las diligencias se identifica la posible participación de algún integrante de los supremos poderes de la República.
“Si de la investigación que se lleva en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se logra determinar que hay un miembro de los supremos poderes involucrado, entonces ellos harán lo que nosotros llamamos un testimonio de piezas”, explicó.
El testimonio de piezas es el mecanismo mediante el cual se trasladan copias de un expediente a otra fiscalía. En Costa Rica, las causas contra miembros de los supremos poderes siguen un procedimiento especial a cargo de la Fiscalía General.
En las declaraciones brindadas no se dieron a conocer nombres de personas investigadas, la cantidad de unidades adquiridas ni el monto de la contratación bajo análisis.
De momento, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar si hubo actuaciones delictivas en la adquisición de las ambulancias, mientras el OIJ continúa con la revisión de la documentación relacionada con el procedimiento
