Oficialismo frena investigación contra Boris Marchegiani y desata cuestionamientos
La posibilidad de investigar al embajador ante la ONU, Boris Marchegiani, por una presunta deuda de $8,3 millones vinculada a un crédito del Banco Nacional no avanzó en la Asamblea Legislativa. La iniciativa fue rechazada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), lo que generó un nuevo debate sobre el alcance del control político que ejerce el Congreso sobre funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
La moción fue presentada por el diputado Salvador Padilla Villanueva, quien propuso abrir una investigación legislativa para analizar un crédito otorgado por el Banco Nacional de Costa Rica al Grupo Mercantil Lapis Lazuli S.A. Según la información expuesta durante la discusión, Boris Marchegiani aparecería como uno de los beneficiarios relacionados con esa operación financiera.
Boris Marchegiani: oficialismo bloquea propuesta de investigación
El plan contemplaba convocar a comparecer a los presuntos involucrados, así como a representantes del Banco Nacional (BNCR), con el propósito de conocer detalles sobre el estado del crédito, las condiciones pactadas, las tasas de interés aplicadas y cualquier eventual reestructuración que hubiera sido autorizada.
Durante la sesión, la propuesta no obtuvo el respaldo suficiente debido al voto en contra de la bancada oficialista, por lo que la investigación no continuará en esta etapa legislativa. La decisión impidió que la Asamblea iniciara un proceso formal para solicitar información y recibir testimonios sobre el caso.
Reacciones tras la votación
El diputado Salvador Padilla defendió la iniciativa al señalar que el objetivo era fortalecer la fiscalización parlamentaria. «Lo que buscamos es esclarecer la información mediante los mecanismos de control político que tiene la Asamblea Legislativa», sostuvo el legislador al justificar la presentación de la moción.
Por su parte, la negativa del oficialismo mantiene sin apertura el expediente propuesto y vuelve a colocar en discusión los límites de la supervisión legislativa sobre funcionarios públicos nombrados en cargos diplomáticos, especialmente cuando existen cuestionamientos relacionados con operaciones financieras de interés público.
