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Polígrafos sacuden a la Fuerza Pública: Gobierno destituye siete jefes tras pruebas de confianza

El Gobierno de la República ordenó la destitución inmediata de siete altos mandos policiales luego de que reprobaran pruebas de polígrafo aplicadas dentro de un proceso extraordinario de evaluación interna orientado a fortalecer los controles de confianza en los cuerpos de seguridad del país.

La medida fue anunciada por la Presidencia de la República y forma parte de una estrategia de supervisión dirigida a detectar posibles vulnerabilidades dentro de las estructuras policiales. Las evaluaciones alcanzaron a 33 directores generales y regionales de distintas dependencias encargadas de la seguridad pública.

Polígrafos sacuden a la Fuerza Pública: Gobierno destituye siete jefes tras pruebas de confianza

Según la información oficial, las pruebas fueron desarrolladas con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el apoyo de especialistas vinculados a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), como parte de los mecanismos de verificación implementados por las autoridades.

Las consultas realizadas durante el proceso incluyeron temas relacionados con posibles nexos con organizaciones criminales, recepción de pagos ilícitos, filtración de información confidencial, enriquecimiento injustificado y eventuales relaciones con estructuras dedicadas al narcotráfico o al lavado de dinero.

Como resultado de las evaluaciones, la Presidencia instruyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para proceder con la remoción inmediata de los funcionarios que no superaron las pruebas aplicadas dentro del proceso de control interno.

Los funcionarios separados de sus cargos son Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública de Puntarenas; Allan Obando, director regional de Alajuela; Junier Villalta, director regional de la Zona Norte y Crucitas; y Erika Madriz, directora regional de Heredia.

La lista también incluye a Adrián Noguera, director de la Fuerza Pública de Limón; Marlon Cubillo, director regional de San José; y Edward Monestel, quien se desempeñaba como subdirector general de la Fuerza Pública.

Además de la separación de los cargos, Casa Presidencial ordenó la apertura de investigaciones para revisar el desempeño y las actuaciones de cada uno de los funcionarios involucrados. Las pesquisas estarán a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y de otras instancias competentes.

Las autoridades indicaron que el propósito de estas investigaciones será determinar si existen elementos suficientes para impulsar procedimientos administrativos, disciplinarios o eventuales acciones judiciales, dependiendo de los hallazgos que surjan durante el análisis de cada caso.

El proceso forma parte de una política de fortalecimiento institucional impulsada por el Poder Ejecutivo, enfocada en reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia dentro de las entidades responsables de la seguridad pública.

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, esta intervención constituye una de las acciones más amplias de depuración interna realizadas en los cuerpos policiales en los últimos años, al involucrar evaluaciones directas a mandos de alto nivel.

La Presidencia señaló que continuará promoviendo controles orientados a prevenir la infiltración de estructuras criminales en las instituciones del Estado y a fortalecer la confianza ciudadana en los organismos encargados de garantizar la seguridad nacional.

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