Edgardo Araya acusa irresponsabilidad y advierte consecuencias: “La inmunidad no es eterna y se les va a acabar”
El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, cuestionó en el plenario legislativo las afirmaciones relacionadas con un supuesto golpe de Estado, al considerar que ese tipo de expresiones afectan la institucionalidad democrática del país. Durante su intervención sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional buscó garantizar el acceso a la justicia y la continuidad de los procesos, al tiempo que responsabilizó al oficialismo de haber generado el conflicto.
Araya afirmó que el concepto de golpe de Estado no debe utilizarse de forma ligera debido a la gravedad que representa para cualquier democracia. Según expresó, emplear ese término en el debate político puede provocar incertidumbre tanto dentro como fuera del país, con posibles efectos sobre la confianza internacional y el clima de inversión.
Edgardo Araya acusa irresponsabilidad y advierte consecuencias: “La inmunidad no es eterna y se les va a acabar”
El legislador manifestó que una ruptura del orden constitucional implica la suspensión de derechos y el predominio de la fuerza sobre la legalidad. En ese contexto señaló que comparar una resolución de la Sala Constitucional con un golpe de Estado constituye, a su juicio, una interpretación equivocada de la situación política nacional.
“Hay cosas en este país que son sagradas. Usted no puede jugar con la vida y con la sangre del pueblo costarricense. Hablar de un golpe de Estado por una resolución de la Sala Constitucional es una irresponsabilidad”, expresó Araya durante su discurso en el plenario.
Frente Amplio anuncia posibles denuncias
El diputado también aseguró que el Frente Amplio presentará denuncias si considera que existen incumplimientos a resoluciones emitidas por la Sala Constitucional. Indicó que cualquier desacato por parte de autoridades públicas deberá ser valorado por las instancias correspondientes conforme al ordenamiento jurídico.
Asimismo, sostuvo que la inmunidad de los funcionarios públicos no es permanente y recordó que, una vez finalizados sus cargos, podrían enfrentar eventuales procesos judiciales si las autoridades competentes determinan responsabilidades. En ese sentido, insistió en que el respeto a las resoluciones constitucionales es un elemento esencial del Estado de derecho.
“Cada vez que desobedezcan una orden de la Sala Constitucional seremos los primeros en presentar las denuncias por desobediencia e incumplimiento de deberes”, afirmó el legislador.
Durante su intervención, Araya también expresó preocupación por el impacto que este tipo de confrontaciones políticas podría generar en la imagen internacional de Costa Rica. Señaló que los inversionistas extranjeros observan el comportamiento institucional del país y advirtió que el uso de discursos relacionados con un supuesto golpe de Estado puede afectar la percepción de estabilidad política y económica.
El congresista añadió que sectores como el turismo podrían resentir los efectos de un ambiente de incertidumbre institucional. Según indicó, las autoridades tienen la responsabilidad de preservar la confianza en las instituciones democráticas y evitar mensajes que puedan interpretarse como llamados a desconocer el orden constitucional.
Además, criticó declaraciones realizadas por representantes del Poder Ejecutivo y del oficialismo, al considerar que algunas manifestaciones se acercan a conductas incompatibles con el respeto a la Constitución Política. En su criterio, cualquier diferencia entre poderes del Estado debe resolverse mediante los mecanismos legales establecidos.
“No se escuden en la inmunidad. La inmunidad no es eterna y las responsabilidades podrán determinarse cuando corresponda”, manifestó Araya.
El diputado sostuvo que, de existir condenas patrimoniales contra el Estado derivadas de eventuales incumplimientos a resoluciones judiciales, deberán establecerse las responsabilidades conforme determine la legislación vigente. También reiteró que su fracción continuará fiscalizando las actuaciones del Gobierno relacionadas con el cumplimiento de los fallos de la Sala Constitucional.
