Diputada Rocío Alfaro denuncia «mega chorizo» de $160 millones en ICE

Una de las diputadas del Frente Amplio Rocío Alfaro durante su control político hizo una de las las revelaciones más punzantes de la legislatura actual bajo la voz de una figura opositora. Un entramado de decisiones técnicas y políticas ha puesto en duda la transparencia de las adjudicaciones en el sector tecnológico nacional. Los detalles sugieren que el presupuesto público podría estar comprometido por intereses ajenos al bienestar del Estado.
La incertidumbre rodea una cifra que asciende a los 160 millones de dólares, destinados supuestamente a modernizar la red de transporte del país. Existen cuestionamientos profundos sobre cómo se gestionó este proceso sin la competencia habitual de un concurso público transparente. La sombra de un beneficio selectivo oscurece las metas de conectividad que el Gobierno ha prometido alcanzar.
Diputada Rocío Alfaro denuncia «mega chorizo» de $160 millones en ICE
La diputada Rocío Alfaro fue tajante al señalar que la Fiscalía General de la República ya investiga a 23 personas por este caso. Entre los nombres citados destacan Marco Acuña, presidente del ICE, y Leda Acevedo, gerente de telecomunicaciones, por su presunto rol. Alfaro calificó la situación como un «mega chorizo» relacionado directamente con la compra de servicios a la empresa Cisco.
Para la legisladora, el proceso de contratación fue manipulado para evitar la fiscalización que exigen las leyes de contratación pública de Costa Rica. «Burlaron el proceso de concurso por 160 millones por 6 años para la red de transporte», afirmó Alfaro ante el plenario. Esta red es considerada la columna vertebral para el desarrollo tecnológico y las comunicaciones del país.
La congresista también vinculó la salida de otros proveedores internacionales con una estrategia política diseñada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo. Sostuvo que la exclusión de competidores fuertes fue una decisión premeditada para favorecer a socios empresariales específicos de la marca Cisco. «Sacaron a Huawei, a pesar de tener las mejores condiciones, sopretexto del convenio de Budapest», enfatizó.
Según el discurso de control político, el convenio mencionado no tiene relación técnica con la infraestructura de red, calificándolo como una excusa legalista. Alfaro denunció que se crearon condiciones para beneficiar a empresas como Datasis, BPS e ITS a través de vínculos personales. «Favoreciéndolos en función de los intereses de los vínculos personales en algunos casos y empresariales», dictó la diputada.
Un punto crítico de la denuncia refiere a la calidad de la tecnología que el ICE estaría adquiriendo mediante esta polémica compra directa. La diputada alertó que se prefirió mantener equipos que los informes técnicos ya catalogaban como obsoletos frente a nuevas opciones. «Eso es como comprar un carro usado un poquito más barato y decir que es mejor que comprar uno nuevo», sentenció.
Finalmente, Alfaro hizo un llamado a la Ministra de la Presidencia y Presidente electa Laura Fernández para que tome distancia de lo que llamó la corrupción de la administración. La legisladora espera que las autoridades judiciales actúen pronto ante este posible perjuicio económico y técnico contra las instituciones públicas. El caso sigue abierto en la Fiscalía mientras la opinión pública demanda respuestas claras del Gobierno.





