Informe sacude a Seguridad: 122 oficiales aparecen vinculados a presunta red del narcotráfico
Un informe de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública señala que 122 oficiales de la Dirección Regional Brunca Sur fueron investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, contrabando de licores y trata ilícita de migrantes.
Un documento identificado como MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-331-2026, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, detalla una investigación administrativa y de inteligencia sobre 122 funcionarios policiales destacados en la Región Brunca Sur. El informe fue divulgado este martes por el diario La Nación.
Informe sacude a Seguridad: 122 policías aparecen vinculados a presunta red del narcotráfico
De acuerdo con el documento, fechado el 14 de abril de 2026, las autoridades realizaron un proceso de análisis de antecedentes e información de inteligencia para determinar posibles relaciones entre los oficiales y estructuras delictivas que operan en la Zona Sur del país.
Según el informe, los grupos criminales investigados estarían involucrados en actividades relacionadas con el trasiego de drogas mediante el uso de pistas clandestinas, además de otras operaciones ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Investigación detalla presuntas funciones de los oficiales
El documento sostiene que algunos funcionarios habrían desempeñado labores de apoyo logístico para organizaciones criminales, incluyendo la coordinación de aterrizajes ilegales de aeronaves utilizadas para introducir cargamentos de droga al territorio nacional.
El informe indica textualmente que dichas estructuras criminales se dedican al «trasiego de sustancias estupefacientes, incluyendo labores de escolta, apoyo logístico y colaboración en la coordinación de aterrizajes ilícitos de aeronaves en pistas clandestinas, utilizadas para el ingreso y movilización de drogas».
Además, la investigación menciona que existirían indicios de participación de funcionarios públicos en otras actividades ilícitas desarrolladas en la zona fronteriza del sur del país.
Entre ellas se mencionan posibles vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas, cigarrillos y al traslado irregular de personas migrantes, lo que, según el informe, evidenciaría una estructura criminal diversificada.
Presuntos nexos con los llamados «Whiskeros»
La documentación también hace referencia a una organización conocida como «Los Whiskeros», dedicada presuntamente al transporte y contrabando de licor. Según la investigación, decenas de oficiales habrían colaborado con esta estructura mediante labores de coordinación logística.
El informe señala que 44 oficiales estarían relacionados con esa organización, participando en la coordinación de movimientos de vehículos y cargamentos entre distintos puntos de la región.
Asimismo, se indica que habrían suministrado información sobre rutas, controles policiales y puntos estratégicos para facilitar el desplazamiento de los cargamentos.
El documento añade que algunos funcionarios presuntamente brindaban custodia a los vehículos utilizados para el transporte ilegal de licor y, a cambio, recibían compensaciones económicas.
Otros oficiales habrían colaborado con estructuras de narcotráfico
La investigación también identifica a 27 funcionarios que presuntamente habrían colaborado con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con el informe, esos oficiales brindarían seguridad a vehículos utilizados para transportar estupefacientes, escoltando los cargamentos durante su recorrido y ofreciendo apoyo operativo para evitar controles policiales.
El documento agrega que algunos de ellos también habrían recibido dinero relacionado con los llamados «avionetazos», término utilizado para referirse a operaciones de ingreso de droga mediante aeronaves clandestinas, así como por actividades vinculadas con la trata ilícita de personas.
Las afirmaciones contenidas en el informe corresponden a hallazgos de inteligencia y forman parte de una investigación interna. Hasta el momento, no se informa en el documento sobre eventuales condenas judiciales derivadas de estos hechos.
El medio que dio a conocer el informe indicó que solicitó una posición oficial al Ministerio de Seguridad Pública respecto al contenido del documento. Sin embargo, al cierre de esa publicación no se había recibido una respuesta institucional.
