Fiscalía inspecciona dispositivos de Carlos Alvarado por audios clave en caso UPAD
Los dispositivos electrónicos pertenecientes al exmandatario Carlos Alvarado Quesada están siendo sometidos a una inspección técnica de alta complejidad. La diligencia busca determinar si existen evidencias sobre el manejo de información sensible durante su gestión en la polémica Unidad de Análisis de Datos.
Dichos artefactos y archivos de audio se encuentran bajo el escrutinio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los tribunales de Goicoechea. La incertidumbre rodea el contenido de estas grabaciones, las cuales podrían confirmar o descartar las acusaciones de violación de datos personales.
Fiscalía inspecciona dispositivos de Carlos Alvarado por audios clave en caso UPAD
La revisión se ejecuta de forma manual, ya que las herramientas tecnológicas convencionales no permiten filtrar ciertos matices de voz y contexto en las grabaciones. Este peritaje es supervisado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para garantizar la legalidad.
“Se trata de la misma que ordenó una apertura de los dispositivos electrónicos decomisados el 28 de febrero de 2020 en los históricos allanamientos a la Casa Presidencial”, indica la resolución que permitió retomar el análisis tras años de pausas procesales.
El juez penal Johnny Cerdas ha delegado la tarea a la Sección de Cibercrimen, estableciendo que el periodo de búsqueda de información es limitado. Los expertos solo tienen autorización para revisar material generado entre mayo de 2018 y febrero de 2020 inclusive.
Esta fase del proceso es vital, pues la defensa del expresidente ha cuestionado anteriormente el alcance de la revisión sobre la intimidad del político. No obstante, las resoluciones judiciales más recientes han ratificado la necesidad de acceder a estos registros multimedia específicos.
“Es así como se extrae de la norma que es evidente el derecho que tienen las partes intervinientes en participar de todas y cada una de las diligencias”, resalta el fallo judicial sobre el derecho a la defensa durante el proceso.
Además de Alvarado, la investigación abarca a figuras como Rodolfo Piza y Pilar Garrido, cuyos equipos también serán analizados bajo parámetros similares. El objetivo es rastrear la ruta técnica que siguieron los datos de miles de costarricenses en aquel periodo.
Los delitos investigados incluyen prevaricato, abuso de autoridad y la infracción a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. El Ministerio Público mantiene una vigilancia estricta sobre la cadena de custodia de cada archivo.
Por su parte, los abogados defensores Rodolfo Brenes y Róger Guevara sostienen que la apertura de los equipos será beneficiosa para su cliente. Según su postura, el análisis de los audios demostrará que no se cometió ningún acto ilícito en Casa Presidencial.
Se estima que la revisión manual de los archivos multimedia tome aproximadamente dos meses debido a la cantidad de gigabytes incautados. Cada video, audio y fotografía debe ser catalogado y analizado por un equipo interdisciplinario de peritos judiciales especializados.
El caso representa un desafío tecnológico para el sistema judicial, que debe equilibrar la eficiencia investigativa con el respeto a las garantías constitucionales. La opinión pública permanece atenta a los hallazgos que surjan de este peritaje en el Segundo Circuito.
Finalmente, el resultado de esta diligencia definirá si el Ministerio Público cuenta con los elementos necesarios para formular una acusación formal. La verdad jurídica sobre la UPAD parece estar guardada en la memoria digital de estos aparatos móviles.
