(Video) Fernández pone tres condiciones al Poder Judicial: “No voy a ser el chivo expiatorio»
La presidenta Laura Fernández se refirió este lunes, en Cadena Nacional, a la polémica por los recortes al Poder Judicial para el presupuesto 2027, luego de que jerarcas judiciales advirtieran que la medida afectaría la persecución del delito a partir de diciembre de este año. La mandataria rechazó ser señalada como responsable de la crisis institucional y calificó las advertencias judiciales como un intento de trasladarle la responsabilidad al Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda había anunciado inicialmente una reducción de 27 mil millones de colones para el Poder Judicial en el ejercicio 2027. Sin embargo, Fernández explicó que instruyó bajar ese monto a 11 mil millones, lo que equivale a un recorte cercano al 2% del presupuesto total de la institución, muy por debajo de lo originalmente proyectado por las autoridades hacendarias.
La mandataria fue enfática al descartar que su gobierno sea el origen de los problemas operativos que enfrenta el Poder Judicial. “No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial”, afirmó, antes de cuestionar que los recortes aún no se hayan aplicado y ya se hable de una eventual parálisis institucional a partir de diciembre.
Según la presidenta, los problemas de fondo que enfrenta la administración de justicia en Costa Rica —como la mora judicial, los errores en procesos penales y los señalamientos de impunidad— no son consecuencia de decisiones recientes de su gobierno, sino de situaciones que, dijo, “llevan años” sin resolverse dentro de la propia institución.
“Estos problemas que llevan años son mi culpa”, ironizó Fernández al referirse a las declaraciones de jerarcas judiciales, en un tono que buscaba desestimar lo que consideró un discurso de victimización por parte del Poder Judicial ante la opinión pública y los medios de comunicación.
Condiciones para liberar los recursos
Fernández aseguró que las instituciones bajo su administración asumirán parte de la rebaja que originalmente correspondía al Poder Judicial. No obstante, aclaró que esta decisión no debe interpretarse como una respuesta complaciente ante las presiones de los jerarcas judiciales, sino como una medida de responsabilidad fiscal compartida.
La presidenta detalló que el desembolso de los recursos dependerá del cumplimiento de tres pasos concretos. El primero consiste en que las cuentas del fideicomiso para infraestructura judicial, depositado en el Banco de Costa Rica, sean revisadas por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
Como segundo requisito, indicó que la Contraloría General de la República deberá certificar el cumplimiento de sus propias disposiciones de auditoría sobre las obras de infraestructura judicial pendientes, un punto que, según Fernández, ha sido motivo de observaciones reiteradas por parte del ente contralor.
El tercer paso, calificado por la mandataria como “el más importante”, establece que corresponderá a los diputados —primero en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público y luego en el plenario legislativo— autorizar al Ministerio de Hacienda la liberación final de los fondos, con base en criterios de desempeño institucional.
Entre esos criterios, Fernández mencionó explícitamente la mora judicial, los errores atribuidos a la Fiscalía, los casos de impunidad y las denuncias de corrupción dentro del propio Poder Judicial, temas que, según dijo, deberán ser evaluados por los legisladores antes de aprobar cualquier desembolso adicional.
Durante su intervención, la mandataria cuestionó también el gasto del Poder Judicial en infraestructura, entre ellos el alquiler del edificio de la Sala Constitucional. Según sus palabras, el monto pasó de 102 mil dólares mensuales en el año 2017 a 122 mil dólares mensuales desde 2024, un incremento que consideró difícil de justificar ante la ciudadanía.
Fernández añadió que, según sus datos, solo un 20% del personal asignado a ese edificio asiste de forma presencial, por lo que insistió en que la institución debe rendir cuentas claras sobre el uso de ese espacio y los recursos destinados a su mantenimiento.
“Tendrán recursos para las armas y los chalecos antibalas. No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes”, expresó Fernández, en referencia directa a las advertencias hechas previamente por autoridades judiciales sobre un supuesto colapso en la capacidad operativa de perseguir el delito.
La presidenta insistió en que su administración maneja de forma “gerencial” los recursos públicos y pidió al Poder Judicial mayor transparencia sobre su ejecución presupuestaria, especialmente en lo relacionado con salarios de magistrados y gastos considerados por ella como excesivos.
“Lo que atenta contra la democracia no es mi gobierno, sino que el Poder Judicial no quiera darle cuentas claras al pueblo por lo que hace mal ni por lo que gana”, sostuvo la mandataria, en uno de los pasajes más directos de su mensaje a la nación.
Fernández también se refirió al origen de los recursos adicionales que, según indicó, aparecieron de forma sorpresiva luego de que se cuestionara públicamente el monto original del recorte. “¿Pero qué fue lo que pasó? Apareció más plata por arte de magia”, comentó con tono crítico hacia la gestión presupuestaria judicial.
La mandataria pidió además a los jerarcas judiciales asumir su parte de responsabilidad en la crisis institucional, en lugar de atribuirla exclusivamente a las decisiones del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria para el año 2027.
“Yo espero que, por el bien de Costa Rica, el Poder Judicial comience a administrar bien los recursos que recibe”, expresó, al tiempo que solicitó lo que denominó “el mínimo esfuerzo” por parte de la institución en beneficio del país.
Fernández remarcó que continuará tomando decisiones similares en el futuro, incluso si estas generan tensión con otros poderes de la República, y reiteró que no aceptará ser utilizada como justificación ante los cuestionamientos que enfrenta el Poder Judicial por su gestión interna.
“Yo seguiré trabajando, denunciando y tomando decisiones como esta por el bien de Costa Rica. Pero reitero, señores, la culpa de la crisis del Poder Judicial es de ustedes”, afirmó, dirigiéndose directamente a las autoridades judiciales que cuestionaron el recorte presupuestario original.
La presidenta cerró su mensaje asegurando que su gobierno no llegó al poder para administrar de forma pasiva las instituciones del Estado. “No heredamos un cargo. Heredamos un compromiso con el pueblo de Costa Rica. Porque aflojar nunca ha sido una opción”, declaró Fernández al finalizar su intervención en Cadena Nacional.
