Expresidentes Chinchilla y Solís cuestionan declaraciones de Laura Fernández sobre Nicaragua
Las recientes declaraciones de la presidente Laura Fernández sobre la situación política y económica de Nicaragua provocaron una rápida reacción de los expresidentes Laura Chinchilla Miranda y Luis Guillermo Solís, quienes manifestaron públicamente su desacuerdo con las afirmaciones realizadas por la mandataria durante una entrevista concedida a un medio internacional.
Ambos exgobernantes cuestionaron sus valoraciones sobre el régimen nicaragüense y defendieron la posición histórica de Costa Rica en materia de derechos humanos y democracia.
La polémica surgió luego de que Fernández diferenciara la situación de Nicaragua respecto a la de Cuba y Venezuela, al señalar que el país vecino mantiene condiciones económicas distintas y una estabilidad financiera que, según indicó, influye en la calidad de vida de sus habitantes. Además, afirmó que los nicaragüenses viven bajo una estructura de gobierno que “han elegido tener”.
Expresidentes Chinchilla y Solís cuestionan declaraciones de Laura Fernández sobre Nicaragua
Las declaraciones provocaron críticas de diversos sectores, incluyendo a la expresidenta Laura Chinchilla, quien publicó un extenso pronunciamiento en redes sociales cuestionando las afirmaciones de la actual mandataria. Chinchilla sostuvo que los comentarios de Fernández omiten cuestionamientos internacionales sobre los procesos electorales en Nicaragua y la situación de los derechos humanos en ese país.
“Pido disculpas a las hermanas y hermanos de Nicaragua ante las atroces declaraciones de la presidenta de mi país”, señaló la exmandataria. Asimismo, recordó que las elecciones realizadas bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido objeto de observaciones y cuestionamientos por parte de organismos internacionales.
En su mensaje, Chinchilla también hizo referencia a denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos, detenciones de opositores políticos, cierres de organizaciones civiles, restricciones a instituciones educativas y limitaciones a la libertad religiosa. Además, mencionó el reciente fallecimiento en detención del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, hecho que ha generado pronunciamientos internacionales.
Por su parte, el expresidente Luis Guillermo Solís expresó una posición similar y cuestionó el análisis realizado por Fernández sobre la realidad política nicaragüense. “Deploro las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los Derechos Humanos que la dictadura Ortega-Murillo ha impuesto a cientos de nicaragüenses”, afirmó.
Solís también discrepó de los datos expuestos por la presidenta respecto a la población nicaragüense que reside en Costa Rica. Según explicó, la cifra mencionada por Fernández no coincide con las estimaciones demográficas que sitúan esa población entre un 7% y un 10% del total de habitantes del país, considerando además los procesos de naturalización y la migración temporal asociada a actividades agrícolas.
El exmandatario aprovechó la oportunidad para defender la tradición diplomática costarricense basada en la promoción de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. En ese sentido, manifestó preocupación por lo que considera un cambio de enfoque en la política exterior nacional durante los últimos gobiernos.
La controversia se originó tras una entrevista de Fernández con la cadena NTN24, donde destacó diferencias entre los modelos económicos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En ese espacio, la presidenta aseguró que “Nicaragua hace inversiones y mantiene una estabilidad económica donde usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses contra la que tienen los cubanos o la que llegaron a tener los venezolanos”.
Las declaraciones continúan alimentando el debate político en Costa Rica sobre la relación bilateral con Nicaragua, el papel de la diplomacia costarricense y la postura que debe asumir el país frente a las denuncias internacionales sobre derechos humanos en la nación vecina.
