Panamá apaga de forma inmediata e indefinida a Costa Rica por venganza comercial de agro
El mercado energético regional enfrenta una reconfiguración estructural tras la decisión estratégica del gobierno de Panamá de congelar sus exportaciones de electricidad. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la suspensión inmediata e indefinida del suministro eléctrico proyectado hacia Costa Rica este jueves.
Esta medida surge directamente tras los cuestionamientos públicos de la mandataria costarricense, Laura Fernández, respecto al histórico bloqueo comercial agropecuario.
Panamá apaga de forma inmediata e indefinida a Costa Rica por venganza comercial de agro
La parálisis en el intercambio energético presiona de forma directa la planificación de Costa Rica, país que proyecta un complejo panorama para 2026. Los efectos climatológicos del fenómeno de El Niño amenazan al territorio costarricense con severas sequías y potenciales riesgos de racionamiento de luz.
El origen de la última fricción diplomática responde al anuncio de Fernández de activar mecanismos internacionales para revertir las restricciones sanitarias vigentes desde 2020. Ante este escenario, la administración de Mulino justificó la medida de congelamiento bajo criterios de soberanía y estricta correspondencia en política exterior.
“Yo creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad”, argumentó puntualmente el mandatario panameño. La Presidencia panameña defiende que las medidas restrictivas impuestas a los productos agrícolas vecinos buscan salvaguardar las condiciones internas del mercado local.
Mulino fue enfático al señalar que el gobierno panameño “tiene el deber de proteger a su sector” ante las presiones comerciales externas. El gobernante también cuestionó las formas discursivas de su homóloga costarricense, argumentando que estos litigios vecinales requieren canales diplomáticos de carácter reservado.
“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia”, puntualizó el presidente panameño respecto a la gestión mediática de la crisis por San José. “No es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se dirimen disputas bilaterales complejas, fustigó Mulino.
El diferendo técnico y arancelario comercial no es nuevo y escaló previamente hasta las instancias de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A pesar de un fallo favorable a Costa Rica en 2024, Panamá apeló formalmente la resolución sectorial en enero de 2025.
Por su parte, Costa Rica reporta millonarios perjuicios económicos debido a las trabas de acceso para 26 de sus plantas procesadoras. La presidenta Laura Fernández ha catalogado como una prioridad de Estado la reapertura inmediata del mercado fronterizo para sus sectores agropecuarios.
“No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales”, advirtió de manera tajante la mandataria. El bloqueo actual impacta principalmente a las cadenas de lácteos, carnes, embutidos y frutas, las cuales registran mermas financieras de gran alcance.
“Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica”, remarcó Fernández al ordenar al canciller Manuel Tovar el inicio de acciones legales internacionales. Como contraargumento, las autoridades panameñas aducen que firmas locales han sufrido bloqueos similares en territorio costarricense durante más de una década.
Mulino recalcó que las relaciones del Estado panameño se gestionarán bajo los principios tradicionales de “discreción, moderación y respeto” mutuo entre naciones. El cierre de las mesas de negociación técnica de energía congela, al menos temporalmente, la integración eléctrica de la región centroamericana.
Especialistas sectoriales prevén que la falta de electricidad panameña obligará a Costa Rica a buscar fuentes alternativas de generación térmica más costosas. El panorama se mantiene incierto mientras ambas capitales evalúan el impacto macroeconómico de este nuevo enfriamiento en sus relaciones comerciales bilaterales.
