Diputadas de PPSO impulsan reforma para reconocer la LESCO en la Constitución Política
Las diputadas Kattia Ulate y Anna Katharina Müller, de la fracción legislativa Pueblo Soberano, presentaron un proyecto de reforma para reconocer la LESCO en la Constitución Política, una iniciativa que pretende otorgar rango constitucional a la Lengua de Señas Costarricense (LESCO). La propuesta busca incorporar un nuevo párrafo al artículo 76 de la Carta Magna para reconocer esta lengua como patrimonio cultural y lingüístico del país y fortalecer la protección de los derechos de la comunidad sorda.
El proyecto fue impulsado por los comités Jurídico y de LESCO de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR) y cuenta con el respaldo de distintas organizaciones relacionadas con la comunidad sorda. Las legisladoras señalaron que la iniciativa responde a una solicitud promovida durante varios años por representantes de este sector y pretende consolidar el reconocimiento jurídico de la lengua de señas costarricense.
Diputadas de PPSO impulsan reforma para reconocer la LESCO en la Constitución Política
La reforma plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 76 de la Constitución Política para establecer expresamente que la LESCO constituye un patrimonio cultural y lingüístico nacional. Asimismo, incorpora la obligación del Estado de impulsar acciones orientadas a su protección, promoción, preservación, enseñanza, desarrollo y utilización como parte de la identidad cultural y lingüística de las personas sordas.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el reconocimiento constitucional permitiría fortalecer principios relacionados con la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la inclusión social. Además, pretende reforzar el respeto de los derechos humanos de las personas sordas mediante el reconocimiento de su lengua natural dentro del máximo marco jurídico del país.
Las impulsoras sostienen que la propuesta representa un avance en materia de derechos lingüísticos y culturales. En el documento presentado ante la Asamblea Legislativa se indica que «este proyecto es el resultado de años de lucha, organización y trabajo de la comunidad sorda, especialmente de ANASCOR. Nuestro deber es escuchar esa demanda histórica y convertirla en una garantía constitucional. La LESCO es una lengua plena, con estructura, identidad y cultura propias».
Actualmente, la Lengua de Señas Costarricense ya cuenta con respaldo legal mediante las leyes N.° 9049 y N.° 9822. Sin embargo, las diputadas consideran que ese reconocimiento puede fortalecerse mediante su incorporación directa en la Constitución Política, lo que otorgaría mayor estabilidad jurídica a las disposiciones relacionadas con la protección de este patrimonio lingüístico.
La iniciativa también expone que la LESCO posee características propias de una lengua natural, incluyendo estructura gramatical, sintaxis y léxico independientes. Bajo ese criterio, sus promotores consideran que constituye un elemento esencial para preservar la identidad cultural de la comunidad sorda costarricense y garantizar su participación en igualdad de condiciones dentro de la sociedad.
El texto legislativo señala que el Estado tendría el deber de promover políticas públicas orientadas a facilitar el aprendizaje y uso de la LESCO en diferentes ámbitos, incluyendo la educación, la atención institucional y otros servicios públicos. La intención es fortalecer mecanismos que favorezcan una comunicación accesible para las personas sordas.
Además de ANASCOR, el proyecto cuenta con el apoyo de asociaciones nacionales y regionales de personas sordas, colectivos de intérpretes, educadores y usuarios de la Lengua de Señas Costarricense. Estas organizaciones consideran que el reconocimiento constitucional contribuiría a consolidar la protección de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.
La propuesta iniciará ahora el trámite legislativo correspondiente dentro de la Asamblea Legislativa, donde deberá ser analizada por las comisiones respectivas antes de avanzar hacia su eventual discusión y votación en el Plenario Legislativo, conforme al procedimiento establecido para las reformas constitucionales.
