Rocío Alfaro recibe portazo del Gobierno para llegar a la Junta de la CCSS
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante titular del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una decisión sustentada en criterios legales expuestos por la Presidencia Ejecutiva de la institución. La medida también alcanzó a Martha Elena Rodríguez, quien había sido propuesta como representante suplente para el período 2026-2030.
La decisión quedó consignada en la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026, firmada por Melissa Rugama, secretaria del Consejo de Gobierno, correspondiente a la sesión celebrada el pasado 24 de junio. En ese documento se oficializa el rechazo de ambas designaciones presentadas por el movimiento sindical para ocupar los cargos dentro del máximo órgano de dirección de la CCSS.
Rocío Alfaro recibe portazo del Gobierno para llegar a la Junta de la CCSS
Según la certificación, la resolución se adoptó tras una recomendación emitida por la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, quien señaló la existencia de posibles incumplimientos de los requisitos establecidos en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para integrar la Junta Directiva.
Entre los principales argumentos expuestos figura el vínculo político de Alfaro con el partido Frente Amplio. De acuerdo con el documento, la exlegisladora mantiene una condición de militante y contribuyente de esa agrupación política, situación que, según la interpretación realizada por la Presidencia Ejecutiva, sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Otro de los aspectos analizados corresponde al perfil profesional de la exdiputada. La certificación indica que la documentación presentada no acredita que posea competencias en materias económico-sociales, requisito contemplado en el artículo 7, inciso a), de la normativa que regula la integración de la Junta Directiva.
«La información acreditada por la señora Rocío Alfaro Molina no demuestra competencia en materias económico-sociales en los términos exigidos por el artículo 7 inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social», señala el documento oficial.
La recomendación también hace referencia a una eventual incompatibilidad operativa relacionada con el desempeño laboral de un familiar directo de Alfaro. Según la certificación, su hermano trabaja como médico asistente en el Hospital Tomás Casas, circunstancia que fue considerada dentro del análisis efectuado por la administración.
Adicionalmente, el documento menciona que la exdiputada ha expresado públicamente criterios sobre diversos modelos de gestión de los servicios de salud, incluidos señalamientos relacionados con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) por parte de cooperativas y con investigaciones actualmente en desarrollo.
En ese sentido, la certificación advierte que esas manifestaciones podrían generar un eventual prejuzgamiento respecto de asuntos que podrían llegar a conocimiento de la Junta Directiva. El documento sostiene que esa condición podría comprometer la imparcialidad en futuras decisiones institucionales.
«Incluyendo señalamientos contra la política Institucional de adjudicar la administración de Ebais a cooperativas de salud, generándose un prejuzgamiento sobre materia respecto a la cual ya ha adoptado una posición pública, reiterada y comprometida», indica la recomendación incorporada en la certificación.
Tras conocerse la decisión, organizaciones sindicales cuestionaron la negativa del Poder Ejecutivo de juramentar a la representante electa por ese sector. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, criticó públicamente la resolución adoptada por el Consejo de Gobierno.
La Unión Médica Nacional también manifestó su desacuerdo con la medida y expresó preocupación por el hecho de que la Junta Directiva continúe sin completar su integración. Según la organización, esa situación podría retrasar la toma de decisiones relacionadas con infraestructura hospitalaria, adquisición de medicamentos, fortalecimiento del recurso humano y otros proyectos institucionales.
Hasta el cierre de esta información, la Presidencia de la República no había emitido una respuesta pública adicional sobre las consultas relacionadas con los fundamentos de la decisión. Por su parte, Rocío Alfaro informó que brindará declaraciones en una conferencia de prensa convocada para este martes.
