PLN, CAC y Frente Amplio firman inesperado pacto con sectores sociales para impulsar agenda legislativa
Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) suscribieron este lunes un Pacto Patriótico Costarricense junto con representantes de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), con el propósito de coordinar una agenda de iniciativas legislativas y fortalecer el diálogo entre el Congreso y diversos sectores organizados del país.
El acuerdo fue firmado en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y reúne a representantes de organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, empresariales, estudiantiles, religiosas, académicas y comunales, quienes establecieron una serie de principios y compromisos que servirán como marco para impulsar proyectos de ley y ejercer control político durante el período legislativo 2026-2030.
PLN, CAC y Frente Amplio firman inesperado pacto con sectores sociales para impulsar agenda legislativa
De acuerdo con el documento, el objetivo del pacto es promover valores como el diálogo, la democracia, la paz social, el Estado Social de Derecho, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la defensa de instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las Asadas, el PANI, CEN-CINAI y las universidades públicas.
Entre los principios incluidos en el acuerdo figura la defensa del Estado Social de Derecho, el respeto a la Constitución Política, la independencia de poderes, la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos fundamentales. Además, se plantea fortalecer el diálogo social como mecanismo para construir consensos y promover iniciativas de interés nacional.
El documento también contempla el fortalecimiento de la libertad de prensa, el acceso a la información pública, el derecho a la comunicación, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
En materia de seguridad, los firmantes respaldan el combate contra el crimen organizado mediante un mayor fortalecimiento presupuestario para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, la Policía de Migración y la Policía Penitenciaria. Asimismo, proponen transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
Otro de los compromisos incluidos en el pacto se refiere a la educación. Las organizaciones plantean avanzar gradualmente hacia la inversión equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, fortaleciendo programas dirigidos a la primera infancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), además de procurar estabilidad laboral para el personal docente y administrativo.
Respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el acuerdo plantea impulsar acciones para fortalecer su sostenibilidad financiera, exigir el pago de la deuda estatal con la institución, reducir las listas de espera, atender la escasez de especialistas, reforzar la salud mental y garantizar el respeto a la autonomía institucional.
En el ámbito económico y fiscal, el pacto propone revisar la aplicación de la regla fiscal, incrementar progresivamente la inversión social mediante FODESAF y promover un sistema tributario basado en criterios de justicia, progresividad, eficiencia y combate a la evasión y la elusión fiscal. También incorpora compromisos relacionados con la protección ambiental, la defensa del recurso hídrico, la economía circular y el fortalecimiento de las Asadas.
En apoyo a la producción nacional, el documento plantea fortalecer el sector agropecuario mediante mayor acceso al financiamiento, seguros agrícolas, controles fitosanitarios y medidas para garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, expresa oposición a la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y propone impulsar mecanismos que favorezcan la trazabilidad ganadera sin afectar a los productores.
El acuerdo también establece la creación de un equipo técnico y político integrado por representantes de las fracciones legislativas firmantes y de RENASES, encargado de coordinar la presentación de proyectos de ley, canalizar propuestas provenientes de los sectores sociales y dar seguimiento a los compromisos asumidos. Como coordinadores de la Red Nacional de Sectores Sociales fueron reconocidos representantes de ANDE, SEC, ANEP, UNDECA, SINAE y UNAG. El documento fue suscrito por los jefes de fracción Álvaro Ramírez Bogantes (PLN), José María Villalta Flórez-Estrada (Frente Amplio) y Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana).
