Magistrados suplentes: Oposición denuncia «veto político» por parte de presidencia legislativa y anuncian acciones legales
La devolución de la nómina de magistrados suplentes enviada por la Corte Suprema de Justicia volvió a generar un fuerte enfrentamiento político en la Asamblea Legislativa. Diputados de distintas fracciones de oposición calificaron la decisión de la Presidencia del Congreso como arbitraria, aseguraron que carece de justificación suficiente y advirtieron sobre posibles consecuencias para el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Los legisladores afirmaron que la devolución de la lista remitida por la Corte representa un obstáculo para el proceso de nombramiento de magistrados suplentes. Además, sostuvieron que la medida podría retrasar la resolución de recursos de amparo y otros asuntos pendientes en la Sala Constitucional.
Magistrados suplentes: Oposición denuncia «veto político»por bloqueo de magistrados suplentes y anuncian acciones legales
La diputada Abril Gordienko criticó la actuación de la Presidencia Legislativa y aseguró que la decisión excede las funciones administrativas del cargo.
«Costarricenses, hoy una vez más la presidenta legislativa devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidaturas para magistrados de la Sala Constitucional. Eso es inaceptable; ella está convirtiendo su puesto administrativo y de directora del debate legislativo en un verdadero veto político», manifestó.
Gordienko también cuestionó los argumentos utilizados para devolver la nómina y señaló una aparente contradicción en los criterios aplicados.
«Nunca nos dieron razones aceptables. Dijeron que no los conocían. Ah, pero sí nombraron a uno de sus candidatos en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces sí los conocían», agregó la legisladora.
Oposición anuncia nuevas acciones
El diputado Álvaro Ramírez afirmó que la situación forma parte de un conflicto institucional más amplio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
«Esto que pasó hoy es inaceptable por muchas razones. Están convirtiendo a la Asamblea Legislativa en una extensión de su guerra contra el Poder Judicial», declaró.
Ramírez también sostuvo que, a criterio de su fracción, existen otras decisiones que reflejan ese enfrentamiento, como la falta de nombramientos, los cuestionamientos al Ministerio Público y las propuestas relacionadas con la designación del fiscal general.
«Esto es parte de un ejercicio de captura política del Poder Judicial por parte del Gobierno y nosotros no lo vamos a aceptar», expresó.
Por su parte, el diputado José María Villalta calificó la resolución de la Presidencia Legislativa como contraria al orden constitucional y afirmó que no se expusieron fundamentos suficientes para justificar la devolución de la nómina.
«La resolución de la presidencia de hoy es totalmente arbitraria e inconstitucional. No dan razones por las cuales rechazan a los magistrados propuestos por la Corte», afirmó.
Villalta agregó que, desde su perspectiva, detrás de la decisión existirían motivaciones políticas relacionadas con el funcionamiento de la Sala Constitucional y el proceso de designación de jueces.
Mientras tanto, la diputada Claudia Dobles señaló que las principales consecuencias recaerían sobre las personas que mantienen procesos pendientes ante la Sala Constitucional.
«¿Quién paga las consecuencias de este bloqueo? Lo pagan los y las costarricenses. Ya más de 120 personas están paradas en un proceso porque no se puede conocer sus recursos de amparo en la Sala Constitucional», indicó.
La legisladora informó además que varias fracciones legislativas continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles y respaldarán un recurso de amparo que, según indicó, ya cuenta con alrededor de 1.800 firmas de apoyo, mientras el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes permanece sin avanzar.
