José María Villalta acusa red de cuido en caso Fabricio Alvarado
La controversia alrededor del proceso legislativo relacionado con el exdiputado José María Villalta y el caso que involucra a Fabricio Alvarado volvió a escalar esta semana tras las fuertes declaraciones emitidas por el legislador del Frente Amplio. Villalta cuestionó la resolución aprobada en la Asamblea Legislativa y afirmó que la medida podría generar un precedente negativo en materia de acoso sexual y responsabilidad política.
Durante su intervención, el diputado calificó la decisión como un “acto vergonzoso” y aseguró que la resolución carece de fundamento jurídico. Según expresó, la medida envía una señal de impunidad hacia las mujeres que denuncian situaciones de acoso sexual dentro de espacios institucionales. El legislador sostuvo que la actuación legislativa “refuerza la protección para los acosadores sexuales”.
José María Villalta acusa red de cuido en caso Fabricio Alvarado
Villalta argumentó que el procedimiento disciplinario se desarrolló cuando el denunciado aún ejercía funciones como diputado, por lo que, a su criterio, el proceso debía concluir con un pronunciamiento formal del plenario legislativo. Además, insistió en que el derecho de defensa fue respetado durante todas las etapas de la investigación interna realizada en el Congreso.
“Esta resolución que dice querer evitar el prevaricato cometiendo prevaricato está violentando los derechos de la víctima”, manifestó el diputado durante su declaración pública. También indicó que el Congreso tiene obligaciones constitucionales y convencionales derivadas de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
El legislador diferenció además los alcances de la vía penal y los procedimientos administrativos relacionados con acoso sexual. Explicó que el proceso judicial en tribunales corresponde a posibles delitos de abuso sexual, mientras que el acoso sexual se investiga desde el ámbito laboral y disciplinario, conforme lo establece la legislación costarricense.
De acuerdo con Villalta, la resolución legislativa impediría que la presunta víctima obtenga una respuesta institucional dentro de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, afirmó que las sanciones éticas tienen un valor independiente de las consecuencias penales y pueden aplicarse aun cuando el funcionario denunciado ya no ocupe el cargo público.
“El plenario tenía que pronunciarse”, señaló el diputado, quien también sostuvo que las sanciones éticas buscan reivindicar a las víctimas y sentar precedentes dentro de la institucionalidad democrática. A su juicio, no resolver el fondo del caso representa una omisión que afecta el acceso a la justicia.
Las declaraciones también incluyeron críticas hacia sectores políticos específicos. Villalta afirmó que existe una “red de cuido” que estaría operando para proteger a figuras señaladas por conductas impropias. Según indicó, esto contradice discursos públicos relacionados con valores cristianos, derechos humanos y políticas de mano dura contra los abusos.
En su pronunciamiento, el diputado adelantó que apelarán la resolución aprobada en el Congreso. “Vamos a defender el derecho de las víctimas a obtener justicia, justicia real, pronta y cumplida”, expresó. Asimismo, reiteró que la discusión no debe centrarse únicamente en responsabilidades penales, sino también en los alcances éticos y políticos de los casos de acoso sexual.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una respuesta oficial de los sectores señalados por Villalta respecto a las acusaciones realizadas durante su intervención. El tema continúa generando debate dentro de la Asamblea Legislativa y entre distintos sectores políticos y sociales del país.
El caso se mantiene bajo atención pública debido a las implicaciones jurídicas y políticas que podría tener sobre futuros procedimientos relacionados con denuncias de acoso sexual contra funcionarios de elección popular. Analistas consideran que la discusión podría abrir un nuevo debate sobre los límites de las competencias legislativas y las obligaciones institucionales en este tipo de procesos.
