Reos poderosos controlan economía carcelaria, esto dijo Dinorah Barquero
Las cárceles costarricenses son controladas por poderosos reos de esta forma experimentan una transformación radical en su dinámica interna tras la clausura de los antiguos comisariatos. Este cambio ha generado una estructura económica paralela que las autoridades legislativas intentan descifrar con urgencia inmediata.
Dinorah Barquero, legisladora del Partido Liberación Nacional, sostiene que la eliminación de estos puntos de venta oficiales ha tenido consecuencias inesperadas. El vacío administrativo habría sido ocupado rápidamente por estructuras informales que operan fuera del radar estatal.
Reos poderosos controlan economía carcelaria, esto dijo Dinorah Barquero
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa recibió testimonios preocupantes sobre el incremento desmedido en el costo de productos básicos. Lo que antes era un sistema regulado, ahora parece estar bajo el arbitrio de los propios privados de libertad.
William Venegas, exdirector de la Policía Penitenciaria, explicó que el control institucional se ha debilitado significativamente dentro de los módulos. La ausencia de un proveedor oficial obligó a los internos a buscar alternativas de abastecimiento.
“Un cigarro que se compraba en 200 colones ahora vale dos mil”, puntualizó Venegas ante los diputados encargados de la investigación. Esta inflación interna evidencia la existencia de un mercado negro que se nutre de la escasez actual.
La diputada Barquero subrayó que el sistema previo contaba con una supervisión administrativa rigurosa en cada centro penal. Los productos pasaban por procesos de revisión establecidos por las autoridades de la proveeduría institucional.
“Al cerrar estos comisariatos, se generan dinámicas donde algunos internos concentran productos para su distribución”, advirtió la congresista Barquero con preocupación. Este fenómeno otorga un poder económico peligroso a ciertos reos con jerarquía.
Anteriormente, los recursos generados por las pulperías oficiales se reinvertían en actividades internas y programas de apoyo. Ese flujo de capital, que antes beneficiaba a la población penal, hoy se encuentra en manos desconocidas.
El cierre de estos espacios fue una decisión ejecutada por el Gobierno de Rodrigo Chaves en diciembre de 2024. La justificación oficial se basó en la lucha contra irregularidades detectadas en el manejo de fondos.
Sin embargo, las consecuencias operativas parecen haber superado las previsiones iniciales del Poder Ejecutivo. La logística de abastecimiento ahora depende exclusivamente de las encomiendas que envían los familiares cada cierto tiempo.
Venegas aclaró que sus afirmaciones se fundamentan en reportes directos de excompañeros de trabajo que siguen activos. Según estas fuentes, la redistribución de productos es controlada por los internos con mayor influencia operativa.
El sistema carcelario enfrenta así un reto doble: mantener el orden interno y frenar el enriquecimiento ilícito. Las restricciones adicionales en visitas y encomiendas también han tensado el ambiente dentro de las prisiones nacionales.
La Asamblea Legislativa mantiene el análisis sobre cómo estas medidas afectan los derechos humanos y la seguridad. El debate se centra en si el cierre fue una solución efectiva o un error estratégico.
El Ministerio de Justicia defiende los ajustes en los regímenes de seguridad como necesarios para la transparencia. No obstante, los datos sobre el mercado negro interno plantean dudas sobre la eficacia de la medida.
La falta de control en los dormitorios dificulta que el personal penitenciario pueda intervenir en estas transacciones. La seguridad nacional se ve comprometida cuando el estado pierde el control de la economía interna.
Finalmente, la diputada Barquero insistió en que el Estado debe recuperar la rectoría sobre el consumo interno. La creación de incógnitas sobre quién se beneficia realmente de este caos sigue sin una respuesta clara.
