Diputados cuestionan polémico proyecto penitenciario sobre el trabajo en las cárceles
Un polémico proyecto que propone incorporar el trabajo como parte de la pena privativa de libertad en Costa Rica enfrenta crecientes cuestionamientos dentro de la Asamblea Legislativa. Aunque la iniciativa busca fortalecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad, su contenido ha despertado dudas entre diputados y especialistas jurídicos, quienes advierten inconsistencias y posibles contradicciones con la legislación vigente.
El debate gira en torno al expediente 24.614, una propuesta que pretende incorporar formalmente el trabajo y la formación como parte del cumplimiento de las penas en centros penitenciarios. Sin embargo, tras una audiencia realizada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, varios legisladores señalaron que el texto presenta vacíos jurídicos y falta de claridad sobre su aplicación, lo que incluso llevó a algunos diputados a plantear que la iniciativa debería archivarse.
Durante la sesión comparecieron Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación, así como los abogados expertos Gerardo Huertas y Tatiana Molina, quienes expusieron ante los legisladores una serie de observaciones técnicas sobre el proyecto. Según lo manifestado en la audiencia, el documento presenta inconsistencias respecto a la legislación ya existente, especialmente en relación con la Ley de Ejecución de la Pena, normativa que regula el sistema penitenciario y el cumplimiento de las condenas en el país.
Diputados cuestionan polémico proyecto penitenciario sobre el trabajo en las cárceles
Las críticas no tardaron en surgir desde distintas fracciones legislativas. La diputada Gloria Navas fue una de las voces más contundentes al considerar que el proyecto no aporta claridad ni mejoras sustanciales al sistema actual.
“Esto es un proyecto que hay que archivar, realmente está demasiado lleno de efectos y entra en contradicción con la misma ley de ejecución de la pena, que aunque haya un veto, este, nosotros la votamos como ley en el plenario legislativo. Entonces, me parece que es poner una carga a esta comisión adicional cuando tenemos tan poco tiempo para trabajar en otros proyectos”, afirmó Navas.
La legisladora agregó que las explicaciones brindadas durante la audiencia evidenciaron múltiples defectos en el proyecto, así como la existencia de normativa vigente que ya contempla aspectos relacionados con el trabajo penitenciario.
Por su parte, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que respalda la idea de que las personas privadas de libertad puedan trabajar y capacitarse durante su condena, pero cuestionó la forma en que está estructurada la propuesta legislativa.
“Yo estoy a favor de que las personas privadas de libertad trabajen y se capaciten como se ha hecho, pero la forma en que está planteado este proyecto de ley… está mal planteado, no hay claridad, no sabemos si es trabajo voluntario, si es trabajo forzoso, no sabemos si es parte de la pena o no es parte de la pena”, indicó.
Larios también explicó que ha impulsado una iniciativa enfocada específicamente en la capacitación laboral de mujeres privadas de libertad, tomando en cuenta las particularidades de la población femenina dentro del sistema penitenciario.
“Yo presenté un proyecto de ley dirigido especialmente a mujeres, a trabajo y capacitación de mujeres… porque la población femenina tiene particularidades… sí creo que eso es parte de lo que deben tener las personas privadas de libertad y eso es parte de su proceso de resocialización”, agregó.
Las críticas al expediente también fueron compartidas por la diputada Dinorah Barquero, quien expresó su oposición a la iniciativa al considerar que presenta problemas colaterales y cuestionamientos jurídicos relevantes.
“Estoy en contra del proyecto por algunas situaciones colaterales que me parece que no son aplicables y que ustedes lo han manifestado muy bien, pero rescatar sobre todo la arbitrariedad, el absurdo que se cometió con la ley de ejecución de la pena, que me parece que sí era urgente, sí era importante y necesarísimo”, afirmó.
El proyecto 24.614 tiene como objetivo implementar y fomentar el trabajo, los oficios y la formación dentro de los centros penitenciarios, con la intención de fortalecer la resocialización de las personas privadas de libertad sentenciadas. La propuesta plantea que las actividades laborales y de capacitación formen parte de los mecanismos de reintegración social, una estrategia que diversos sistemas penitenciarios en el mundo han adoptado para reducir la reincidencia.
No obstante, el debate en la comisión refleja que, más allá de la intención del proyecto, existen preocupaciones sobre su redacción, su viabilidad jurídica y su compatibilidad con la legislación vigente en Costa Rica.
Por ahora, el expediente continuará en discusión dentro de la comisión legislativa, mientras algunos diputados insisten en que el texto debe revisarse profundamente o incluso archivarse. La decisión final dependerá del avance del debate parlamentario y de posibles modificaciones que puedan resolver las dudas planteadas por especialistas y legisladores.
