El documento firmado por Trump que el Gobierno aún no revela, esto pide el PLN
La existencia de un documento firmado por el presidente estadounidense Donald Trump en Florida y respaldado por el mandatario costarricense Rodrigo Chaves Robles ha generado interrogantes en el ámbito político nacional. Aunque el contenido del acuerdo no ha sido divulgado públicamente, su mención en declaraciones oficiales ha abierto un debate sobre transparencia y los posibles compromisos internacionales asumidos por Costa Rica.
En medio de ese escenario, el secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, solicitó al Poder Ejecutivo que publique de manera íntegra el documento. El dirigente argumenta que cualquier acuerdo que pueda tener implicaciones en materia de seguridad o cooperación internacional debe ser conocido por la ciudadanía.
El documento firmado por Trump que el Gobierno aún no revela, esto pide el PLN
Según la declaración emitida por Guillén, la solicitud se dirige directamente al presidente Chaves y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se divulgue el contenido completo del acuerdo firmado el pasado 7 de marzo en Doral, Florida.
“Exigimos al Poder Ejecutivo —al presidente Rodrigo Chaves Robles y al canciller de la República— que hagan público, de manera íntegra y sin ambigüedades, el documento suscrito por el presidente Donald Trump y que, según lo ha manifestado públicamente el propio mandatario costarricense, fue respaldado por él en la reunión celebrada en Doral, Florida”, señaló Guillén.
El dirigente político agregó que en una democracia consolidada los compromisos internacionales no deben mantenerse en reserva cuando pueden afectar decisiones estratégicas del país.
“En una democracia madura, ningún compromiso internacional que pueda tener implicaciones en materia de seguridad, defensa o cooperación militar puede mantenerse en la penumbra”.
Debate sobre seguridad y tradición civilista
El planteamiento del PLN se enmarca en una discusión más amplia sobre la política de seguridad nacional. Costa Rica posee una tradición institucional particular desde la Abolición del Ejército de Costa Rica, que estableció un modelo de seguridad basado en instituciones civiles y en la cooperación internacional.
De acuerdo con Guillén, esa singularidad histórica implica que cualquier iniciativa vinculada con esquemas de seguridad hemisférica o cooperación militar debe analizarse con transparencia y debate público.
“Costa Rica posee una tradición institucional única en el mundo: la abolición del ejército en 1948 y la consagración constitucional de un modelo de seguridad civilista”.
El secretario general del PLN sostuvo que el país tiene derecho a conocer los compromisos asumidos por las autoridades, particularmente si podrían tener implicaciones en temas de defensa o seguridad.
En ese sentido, mencionó las actuaciones del presidente Chaves y del ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero, quienes habrían participado en el contexto de la iniciativa discutida en Florida.
Solicitud de transparencia al Ejecutivo
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la presidenta del partido oficialista Laura Fernández Delgado, para que contribuya a que la información sea divulgada.
“La falta de transparencia ha sido una constante preocupante de este gobierno”, afirmó Guillén, quien añadió que el país necesita conocer la verdad sobre los compromisos asumidos en ese encuentro internacional.
El dirigente liberacionista señaló que el debate no se limita a un trámite diplomático, sino que podría tener implicaciones en la coherencia histórica del país en materia de política exterior y seguridad.
Un tema con implicaciones políticas y constitucionales
El llamado del PLN también apunta a verificar si el eventual acuerdo respeta los principios establecidos en la Constitución Política, particularmente el artículo 12, que abolió el ejército en Costa Rica.
Según Guillén, la divulgación del documento permitiría determinar si los compromisos asumidos son compatibles con los principios de neutralidad activa y con la tradición diplomática costarricense basada en la resolución pacífica de conflictos.
“Solo con plena claridad sobre lo firmado podrá el país debatir, con rigor y serenidad, si esas decisiones respetan o no los principios constitucionales y democráticos que han definido a Costa Rica ante el mundo”.
Por ahora, el contenido del documento mencionado no ha sido divulgado públicamente por el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el tema comienza a posicionarse en el debate político nacional, donde distintos sectores solicitan mayor información sobre los alcances del acuerdo firmado en Estados Unidos.
