Ministro Gerald Campos solicita investigación disciplinaria contra magistrada Patricia Solano
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia en la que solicita la apertura de una investigación administrativa contra la magistrada Patricia Solano Castro, quien actualmente figura como una de las juezas vinculadas al proceso penal que enfrenta el jerarca por presuntos delitos relacionados con su gestión cuando ocupaba cargos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La gestión surge a raíz de una reunión celebrada el pasado 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, donde participaron representantes de los Supremos Poderes y otras autoridades del Estado para analizar diversos temas institucionales, entre ellos la mora judicial y la seguridad ciudadana.
Ministro Gerald Campos solicita investigación disciplinaria contra magistrada Patricia Solano
Según la denuncia presentada por Campos, durante el encuentro la magistrada Solano habría hecho referencia a una causa penal que enfrenta el ministro. De acuerdo con la queja, la jueza mencionó que algunas actuaciones realizadas por los abogados defensores del jerarca habrían incidido en el retraso del expediente judicial.
El ministro sostiene que dichas manifestaciones se realizaron en presencia de personas ajenas al proceso y considera que podrían afectar la percepción de imparcialidad que debe prevalecer en un caso judicial en trámite. En su escrito, Campos afirma que las declaraciones comprometerían «la imparcialidad judicial, el deber de objetividad y la confianza pública en la administración de justicia».
Asimismo, el jerarca argumenta que la magistrada habría emitido criterios anticipados sobre aspectos relacionados con el proceso penal y expresó su preocupación por una eventual afectación al principio de neutralidad que debe regir las actuaciones judiciales. Por esa razón, solicitó a la Corte la adopción de «medidas correctivas y disciplinarias» contra la alta jueza.
Como parte de la denuncia, el ministro ofreció como testigos a varias de las personas presentes durante la reunión, entre ellas la presidente Laura Fernández, el presidente de la República Rodrigo Chaves, el ministro de Justicia Gabriel Aguilar, el ministro de Comunicación Arnold Zamora y el director del despacho presidencial Alexander Astorga.
También participaron en ese encuentro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.
La denuncia disciplinaria se suma a otras acciones impulsadas por la defensa de Campos para intentar apartar a la magistrada Solano del juicio penal. De hecho, esta constituye la tercera gestión promovida por los abogados del ministro con el objetivo de cuestionar la participación de la jueza en el proceso.
El pasado 25 de mayo fue presentada una nueva recusación basada en los mismos hechos ocurridos durante la reunión en Casa Presidencial. Los defensores alegan que la magistrada incurrió en una actuación impropia al referirse directamente a una causa judicial en curso fuera del ámbito procesal correspondiente.
Anteriormente, la defensa ya había planteado otra recusación en la que argumentó que Solano podría carecer de la objetividad necesaria para conocer el expediente debido a su participación en órganos judiciales que tramitaron asuntos relacionados con los hechos investigados.
Esa primera gestión provocó la suspensión provisional del juicio que estaba programado para desarrollarse entre el 26 y el 29 de mayo de 2026, mientras los magistrados de Casación Penal resuelven de manera definitiva si la jueza debe continuar o no vinculada al caso.
Paralelamente, la defensa también solicitó la nulidad de la declaración indagatoria rendida por Campos. Los abogados sostienen que existieron irregularidades en el procedimiento legislativo relacionado con el levantamiento de la inmunidad que correspondía al funcionario por su condición de integrante de los Supremos Poderes.
La acusación penal presentada por la Fiscalía General atribuye al ministro seis cargos relacionados con los presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2017, cuando Campos se desempeñaba como subdirector del OIJ y, según la investigación, estarían vinculados con supuestas irregularidades en el cobro de viáticos y horas extra.
Mientras continúan las gestiones legales planteadas por la defensa y se resuelven los recursos pendientes, el proceso judicial permanece sujeto a las decisiones que adopten las autoridades competentes dentro del Poder Judicial.
