Villalta celebra respaldo unánime de todas las bancads avance contra minería ilegal en Crucitas
José María Villalta celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley 23.952, al considerar que representa un avance significativo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas y otros delitos ambientales vinculados al crimen organizado. La iniciativa recibió el respaldo unánime de las fracciones legislativas y busca fortalecer las herramientas de investigación y persecución penal contra estas actividades ilícitas.
Villalta afirmó que la reforma permitirá aplicar herramientas previstas en la legislación contra la delincuencia organizada a delitos como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre cuando estas actividades sean ejecutadas por organizaciones criminales. El legislador sostuvo que este cambio representa un avance para identificar a quienes financian y dirigen estas operaciones.
Durante su intervención, el diputado celebró la votación alcanzada en el Congreso y agradeció el respaldo de todas las bancadas legislativas, así como del Poder Ejecutivo por incluir la iniciativa dentro de la agenda convocada. Según indicó, el consenso permitió concretar un paso que había sido impulsado desde el periodo legislativo anterior.
Villalta celebra respaldo unánime de los diputados avance contra minería ilegal en Crucitas
“Hoy finalmente logramos un paso sustancial, real, para combatir la minería ilegal en Crucitas y otras partes de nuestro país, así como otras actividades delictivas de crimen organizado como la tala ilegal, como el tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción. Con el proyecto de ley 23.952 que se aprobó en primer debate, con el voto de todas las fracciones legislativas, este proyecto permite sancionar y perseguir, investigar estas actividades como crimen organizado”, expresó Villalta.
Cambios en la investigación de delitos ambientales
El legislador explicó que, bajo la legislación vigente, varios delitos ambientales contemplan sanciones que dificultan aplicar mecanismos especiales de investigación previstos para organizaciones criminales. Entre esas herramientas mencionó la intervención de comunicaciones y la ampliación de plazos para identificar a las personas que financian o coordinan estas actividades ilícitas.
Villalta señaló que esta situación ha limitado la capacidad de las autoridades para llegar a los responsables de mayor jerarquía dentro de las estructuras delictivas. “Únicamente se detiene a los que practican la actividad, pero no se sanciona ni se persigue a los capos, a los que están detrás de estas actividades delictivas. Con esta ley que permite perseguir esto como crimen organizado, vamos a poder contribuir a ponerle un freno a estas actividades ilegales”, manifestó.
El diputado también recordó que la propuesta fue presentada originalmente durante la legislatura anterior por el diputado Ariel Robles y la fracción del Frente Amplio. Añadió que el texto fue fortalecido mediante observaciones formuladas por instituciones del Poder Judicial y por representantes de distintas fracciones legislativas.
De acuerdo con Villalta, el respaldo alcanzado evidencia que es posible construir acuerdos cuando existe disposición al diálogo entre los diferentes actores políticos. El legislador destacó además la participación del Poder Ejecutivo en el proceso que permitió avanzar con la iniciativa.
“Es decir, cuando hay voluntad de diálogo, de negociación seria, podemos lograr acuerdos en beneficio de Costa Rica, y esto lo hemos demostrado una vez más con la aprobación en primer debate de este proyecto de ley. Viene un paso para hacerle algunos ajustes, pero vamos a avanzar para defender nuestras riquezas naturales y esos derechos de las comunidades a disfrutarlas”, afirmó.
El expediente 23.952 deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Entre tanto, el proyecto mantiene como objetivo fortalecer la persecución penal de delitos ambientales vinculados con estructuras de crimen organizado y ampliar las herramientas de investigación disponibles para las autoridades competentes.
