Presidente Fernández dice estar «decepcionada» con el Poder Judicial: Parece que «Viven en Narnia»
La Presidente de la República Laura Fernández, manifestó su profunda preocupación tras sostener un encuentro de más de dos horas con las altas autoridades del Poder Judicial. La jerarca calificó los resultados de la reunión como desalentadores respecto a la mora judicial.
Fernández señaló que durante la sesión de trabajo se expusieron indicadores institucionales sobre la percepción ciudadana de la justicia en el país. El Poder Ejecutivo planteó la necesidad urgente de revisar los protocolos internos actuales ante posibles filtraciones de actividades ilícitas.
Presidente Fernández dice estar «decepcionada» con el Poder Judicial: Parece que «Viven en Narnia»
«Yo quedé pasmada, francamente no encuentro otra palabra, pasmada con la reunión del lunes, estuvimos dos horas y media en conversaciones», afirmó la jerarca. Fernánde enfatizó que la actual impunidad y la lentitud en los procesos judiciales generan un impacto adverso en la ciudadanía.
La representante del Gobierno fundamentó sus observaciones utilizando como base técnica los datos recientes del informe oficial del Estado de la Justicia. Según estos registros, existe un debilitamiento sostenido en los niveles de credibilidad pública hacia el sistema judicial de la nación.
«Hablan de la falta de credibilidad que tienen los costarricenses, que ya preferimos no poner ni la denuncia porque sabemos que nada va a pasar», detalló la Presidente. También cuestionó los beneficios carcelarios otorgados por los jueces de ejecución de la pena.
El Poder Ejecutivo enfatizó que las medidas alternas de privación de libertad concedidas a ciertos sentenciados elevan los índices de criminalidad en las calles. La ministra increpó directamente a los magistrados sobre la efectividad de sus herramientas de control y prevención interna.
«Les pregunté qué protocolos habían activado para que no se vuelva a filtrar el narcotráfico en el Poder Judicial, me contestaron que había una política de ética ahí», declaró Fernández. Para la mandataria, dicha respuesta institucional resulta insuficiente frente a la crisis actual.
El Gobierno de la República contrastó la respuesta del Poder Judicial con las acciones punitivas ejecutadas desde las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública. Durante el año anterior, el Poder Ejecutivo separó de sus cargos a decenas de policías vinculados con redes delictivas.
«Sólo el año pasado el gobierno procesó a 91 funcionarios de seguridad por eventuales vínculos con el narcotráfico, nosotros estamos haciendo la tarea y yo quisiera que hagan ellos también la suya», argumentó la jerarca de la Presidencia con firmeza.
Fernández criticó que la Corte Suprema de Justicia se justifique constantemente bajo certificaciones otorgadas por entidades externas como la OCDE. A su criterio, la proyección internacional de la institución no coincide con la realidad operativa que experimentan las comunidades locales.
«No se vale venir a decirle aquí al pueblo de Costa Rica y a esta Presidente que estamos muy bien en la OCDE… de candil de la calle y oscuridad en la casa», sentenció. El Poder Ejecutivo de la República demanda una modernización inmediata de las estructuras de la corte.
Anunció que en junio presentarán una reforma integral dirigida a los códigos penal y procesal penal. El Ejecutivo solicitó formalmente el respaldo político de la Corte Suprema para impulsar estas modificaciones normativas en la Asamblea Legislativa de forma coordinada.
«Les llevé propuestas de acuerdos, les conté que en junio vamos a presentar un paquete de proyectos de ley para mejorar el código penal, el código procesal penal, la ejecución de la pena», explicó Fernández, lamentando la postura inicial adoptada por los representantes judiciales.
Según la jerarca, los magistrados argumentaron limitaciones institucionales para comprometer un apoyo anticipado a las iniciativas de ley del Ejecutivo. «La respuesta fue no podemos comprometernos a nada», puntualizó al describir la aparente falta de consenso en la mesa de trabajo.
A pesar de las discrepancias sobre la agenda legislativa penal, el encuentro bilateral cerró con el establecimiento de tres acuerdos específicos de cooperación mutua. Aseguró que dará un seguimiento estricto al cumplimiento de dichos compromisos en los próximos meses.
«Tuvimos unos tres acuerdos producto de la reunión y yo espero que los cumplan y las veces que sean necesarias yo espero conversar con ellos», concluyó Fernández. El Ejecutivo mantendrá la apertura al diálogo interinstitucional para asegurar la efectividad del sistema de justicia nacional.
