Chaves condiciona obras a relleno sanitario en Turrúcares: «No vamos a desperdiciar plata»
El ministro ofreció carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de cuido, siempre que la Municipalidad de Alajuela retire sus acciones judiciales contra EBI.
El relleno sanitario en Turrúcares volvió al centro del debate luego de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionara un paquete de inversión pública para ese distrito de Alajuela a que la Municipalidad retire sus procesos judiciales contra los permisos del proyecto de la empresa EBI en la finca Bajo Pita.
Lo que ofrece el Gobierno por el relleno sanitario en Turrúcares
La propuesta se presentó el miércoles 4 de noviembre en un conversatorio en el Liceo de Turrúcares. Asistieron ministros, jerarcas de instituciones, regidores del Concejo Municipal de Alajuela y representantes de organizaciones comunales de la zona.
Chaves explicó que las inversiones se tramitarán solo cuando el gobierno local adopte las decisiones que permitan avanzar el proyecto, al que la empresa denomina Parque de Tecnología Ambiental. La comunidad mantiene oposición a la iniciativa desde hace más de una década.
El paquete contempla mejoras en las rutas 721 y 136, atención de puentes deteriorados y una carretera nueva desde la ruta 27 hasta Bajo Pita, de unos $5 millones, para que los camiones de residuos no crucen el centro del distrito.
También incluye un colegio técnico profesional en un terreno de 32.000 metros cuadrados, un CEN-CINAI de ₡800 millones y centros para personas adultas mayores por cerca de ₡1000 millones. Chaves habló de ₡100.000 millones en total, sin presentar desglose.
Cuando el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, ofreció enviar personal a valorar el terreno del colegio, Chaves lo detuvo: «No lo mande la próxima semana (…) porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer».
Un plazo que vence antes de diciembre
El jerarca advirtió que la oferta caducará cuando Hacienda deba pagar unos $4 millones, cerca de ₡2000 millones, para la defensa del Estado en el arbitraje internacional que promueve la empresa.
«En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar 2000 millones de colones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa», afirmó.
Según Chaves, el desembolso solicitado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) debe hacerse antes del 2 de diciembre. Por ello, los regidores tendrían entre 15 y 22 días para decidir.
El conflicto se originó con certificados de uso de suelo otorgados en 2011. La Municipalidad presentó luego procesos de lesividad para anularlos, al considerar que incumplían el plan regulador del cantón.
La canadiense Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A. llevaron el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Chaves estimó en $150 millones el riesgo económico para Costa Rica si el país pierde.
El ministro resumió lo que espera del Concejo: «Se acuerda (…) retirar la lesividad, se acuerda honrar los compromisos iniciales con la empresa. La empresa, al mismo tiempo, retira la demanda en Washington». No se mostró un acuerdo firmado con EBI que garantice ese retiro.
El regidor Bernal Soto Saborío indicó que el municipio presentó tres acciones de lesividad: una fue rechazada y dos se acumularon en un solo expediente. Sostuvo que los procesos nacional e internacional son independientes entre sí.
Gustavo Morera, de la Asociación de Desarrollo de San Miguel, cuestionó la propuesta: «No me encanta la idea de que nos vengan a ofrecer el cielo y la luna a cambio de tener que comer todos los días a la par de un basurero».
Morera citó el tránsito de camiones pesados por calles estrechas, la presencia de nacientes y pozos, el corredor biológico Garcimuñoz y las restricciones aéreas del aeropuerto Juan Santamaría. «No es solo que no queramos, es que no se puede», dijo.
