Minería en San Carlos: Vea las 5 razones por las que la UCR dice «NO»
El conflicto histórico en Crucitas de Cutris, en San Carlos, ha tomado un nuevo e inesperado giro legislativo que ha encendido las alarmas en la academia costarricense.
La reciente propuesta para legalizar la minería a cielo abierto en la zona norte, bajo el expediente n.º 24.717, se presenta como una solución definitiva al caos ambiental y social de la región; sin embargo, un análisis exhaustivo de la Universidad de Costa Rica (UCR) sugiere que el remedio podría ser más costoso que la enfermedad.
Minería en San Carlos: Vea las 5 razones por las que la UCR dice «NO»
Para quienes siguen de cerca el caso Crucitas, el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR (acuerdo CU-160-2025) no es un simple trámite administrativo.
Se trata de una advertencia técnica contundente: el proyecto de ley para regular la minería metálica «sostenible» en Alajuela presenta debilidades estructurales y riesgos jurídicos que, lejos de frenar la extracción ilegal, podrían incentivarla o, peor aún, abrir la puerta a una expansión minera sin precedentes en el territorio nacional.
Un análisis integral contra la «minería sostenible»
La Universidad de Costa Rica, tras una solicitud de la Asamblea Legislativa, desplegó a sus mejores unidades de investigación para evaluar el impacto de la propuesta. El veredicto es unánime: la iniciativa no constituye una respuesta adecuada.
El Consejo Universitario, apoyado por la Escuela de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales, concluyó que el proyecto carece de un diagnóstico serio y contextual.
Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es la contradicción conceptual del término «minería sostenible». Según la Escuela Centroamericana de Geología, la minería implica intrínsecamente el agotamiento de un recurso no renovable, por lo que intentar vender el proyecto bajo una etiqueta de sostenibilidad es, técnicamente, una imprecisión que confunde a la opinión pública.
La desproporción territorial: ¿Remediación o expansión?
Uno de los datos más alarmantes revelados en el informe tiene que ver con la extensión de tierra que se pretende intervenir. El programa Kioscos Socioambientales advierte que, aunque la minería ilegal actual en Crucitas afecta menos del 1% del distrito de Cutris, el proyecto de ley propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación.
«Esto sugiere que el objetivo real no es la remediación ambiental del daño existente, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción», señala el criterio institucional.
Esta desproporción territorial levanta sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la reforma al Código de Minería, ya que se estaría utilizando la crisis actual en San Carlos como «punta de lanza» para establecer un modelo extractivo que Costa Rica había intentado superar tras los fracasos de proyectos como Bellavista y Beta Vargas.
Riesgos de seguridad y vínculos con el crimen organizado
La UCR no solo se limitó al análisis ambiental, sino que profundizó en las implicaciones sociales y de seguridad nacional. El informe advierte que legalizar la minería en un contexto fronterizo sin una estrategia de seguridad robusta podría ser contraproducente.
En la zona de Crucitas, existen vínculos documentados entre la extracción ilícita de oro, el narcotráfico y el crimen organizado. La universidad sostiene que, si no se atacan las causas estructurales de la pobreza y la falta de presencia estatal, la nueva ley solo serviría para legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en la región norte.
Salud Pública: Un impacto silencioso pero letal
La Escuela de Salud Ambiental de la UCR también aportó una perspectiva humana fundamental. La minería metálica es una de las actividades con mayor impacto en la salud de los trabajadores y sus familias. Los efectos químicos y biológicos —como la exposición al mercurio o cianuro— a menudo se manifiestan a largo plazo, dificultando su diagnóstico clínico.
El país ya enfrenta una brecha significativa entre la normativa de salud existente y su aplicación práctica. Introducir una actividad de alto riesgo en una zona con debilidad institucional solo agravaría la vulnerabilidad de las comunidades locales.
El veredicto técnico: ¿Qué recomienda la UCR?
Finalmente, la Escuela de Geología criticó la lógica «puramente económica» del proyecto. El texto de ley pretende que las concesiones se otorguen basándose primordialmente en el royalty (regalías) o puja económica, ignorando aspectos vitales como:
- La gestión de residuos y colas mineras.
- Los planes de cierre técnico.
- La remediación de daños ambientales ya existentes.
- El estudio de factibilidad integral que incluya el componente social.
Por todo lo anterior, el Consejo Universitario acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley. La UCR considera que el expediente 24.717 es «un esfuerzo más que repite errores del pasado» y que, en lugar de solucionar el desastre de Crucitas, podría terminar incitando a más actividad ilegal bajo un marco legal débil.
La universidad ha manifestado su disposición para colaborar con expertos en la creación de una propuesta que realmente priorice la sostenibilidad y la salud pública, pero es enfática en que el camino actual no es el correcto para Costa Rica.
