Poder Judicial recorta ₡13.242 millones y lanza fuerte alerta por riesgo en seguridad
El Poder Judicial acordó reducir en ₡13.242 millones su presupuesto para el 2026, en atención a una solicitud del Ministerio de Hacienda orientada al cumplimiento de las metas de sostenibilidad fiscal. No obstante, la institución advirtió que la disminución de recursos tendrá repercusiones en proyectos vinculados con la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la investigación criminal y el acceso a la justicia.
La decisión fue adoptada este lunes por la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados y magistradas del Poder Judicial, durante el análisis del plan presupuestario para el próximo ejercicio económico. Según informó la institución, el ajuste representa el máximo recorte posible sin comprometer la operación de los servicios esenciales que presta el sistema judicial.
Poder Judicial recorta ₡13.242 millones y lanza fuerte alerta por riesgo en seguridad
De acuerdo con la información oficial, del total del recorte, ₡8.687 millones correspondían a recursos destinados originalmente al fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público. Esos fondos contemplaban la creación de nuevas plazas y el desarrollo de infraestructura para ampliar la presencia policial judicial en distintas regiones del país.
Entre los proyectos que se verían afectados figuran la apertura de subdelegaciones del OIJ en La Cruz y Cabo Velas, así como la instalación de una oficina policial en Puerto Jiménez. Estas sedes habían sido consideradas prioritarias debido a su ubicación estratégica para la atención de investigaciones y el combate contra la criminalidad organizada.
El Poder Judicial explicó que esos recursos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa durante el cuatrienio anterior; sin embargo, indicó que el Ministerio de Hacienda no autorizó su ejecución y posteriormente los excluyó de la proyección presupuestaria correspondiente al año 2027.
El resto del ajuste aprobado por la Corte Plena responde a diversos factores administrativos y financieros. Entre ellos se incluyen remanentes derivados de la variación en el tipo de cambio del dólar, contrataciones que no recibieron ofertas durante los procesos de compra pública y la reprogramación de algunos proyectos de construcción previstos por la institución.
Durante la sesión también se analizó una solicitud adicional presentada por el Ministerio de Hacienda para disminuir en ₡26.549 millones el anteproyecto de presupuesto correspondiente al año 2027. Esa propuesta fue rechazada por mayoría de los integrantes de la Corte Plena.
En el comunicado oficial, la institución explicó las razones de esa decisión. «La Corte acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas», señaló el Poder Judicial.
La Corte Plena sostuvo que un recorte adicional comprometería áreas consideradas prioritarias para el funcionamiento del sistema judicial. Entre ellas mencionó las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, la atención de personas usuarias del servicio de justicia y las acciones dirigidas a reducir la mora judicial.
Como parte de su posición, el Poder Judicial también destacó los niveles de ejecución presupuestaria alcanzados en los últimos años. Según los datos oficiales, la ejecución fue del 97% en 2025, del 96% en 2024 y del 95% en 2023, indicadores que, de acuerdo con la institución, reflejan una administración eficiente de los recursos públicos.
La institución afirmó además que esos resultados se han obtenido en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y en la Ley Marco de Empleo Público, normas que regulan el manejo de las finanzas estatales y el control del gasto público.
El Poder Judicial reiteró que continuará ejecutando las acciones necesarias para mantener la prestación de los servicios judiciales dentro de las limitaciones presupuestarias aprobadas, mientras la Corte Plena mantiene su posición de que nuevos ajustes podrían afectar programas relacionados con la investigación del crimen organizado, la reducción del rezago judicial, la atención de víctimas y la ampliación de la cobertura del OIJ en zonas estratégicas del país.
