Nueva ley: ¿Cárcel de hasta 15 años por robo de vehículos?
La nueva ley para sancionar el robo de vehículos, bajo el expediente 25.147, ha sido dictaminada afirmativamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Esta reforma integral al Código Penal busca frenar la creciente ola de criminalidad mediante el endurecimiento drástico de los castigos para quienes sustraigan automotores.
El proyecto surge como una respuesta técnica ante la necesidad de diferenciar el robo de bienes muebles comunes de la sustracción de motocicletas y automóviles. Según la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, en el país se cometen cerca de 4,700 delitos de esta índole cada año.
La legisladora Larios, proponente de la iniciativa, explicó que la meta es dotar al sistema judicial de una «herramienta efectiva para combatir el organizado que también recurre a este tipo de delito para cometer otros crímenes». El texto ahora avanza con penas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión.
El impulso desde la Asamblea
«El día de hoy en la Comisión de Asuntos Jurídicos se dictaminó afirmativamente el proyecto de ley 25 147 para sancionar el hurto, robo y receptación de vehículos y motocicletas», afirmó la legisladora Larios sobre el avance de esta herramienta legal.
Larios enfatizó que «lo que pretende el proyecto es penarlos de una manera diferente, con penas de prisión entre 5 a 15 años, dependiendo de la gravedad de los hechos», buscando así una respuesta proporcional a la crisis de inseguridad actual.
La diputada espera que la iniciativa sea pronto una realidad como ley de la República, funcionando como una «herramienta efectiva para combatir el organizado que también recurre a este tipo de delito para cometer otros crímenes», cerrando brechas legales previas.
Nuevas penas por robo y hurto
El artículo 213 bis establece que quien se apodere ilegítimamente de un vehículo en la vía pública o lugares de acceso público enfrentará penas de cinco a diez años de prisión. Este rango aplica también si el delito ocurre aprovechando infortunios del dueño.
La severidad aumenta considerablemente, llegando a penas de ocho a quince años de cárcel, cuando el hecho sea cometido con violencia sobre las personas. El uso de armas para intimidar, agredir o lesionar en el proceso de robo será castigado con el máximo rigor.
Incluso si no se logra concretar la sustracción del vehículo, el solo hecho de usar violencia o armas en la tentativa activa las penas de ocho a quince años. Además, se castigará igual el robo mediante fractura de mecanismos de seguridad.
Combate a la receptación y desmantelamiento
La reforma no solo persigue al delincuente directo, sino también a toda la cadena de comercialización ilícita de vehículos y sus partes. El artículo 331 bis impone de cinco a diez años de cárcel a quienes lucren con estos bienes.
Cualquier persona que «desmantele uno o más vehículos o motocicletas robadas; enajene, trafique o se encuentre en posesión de piezas o partes» será sancionada drásticamente. La ley asume que el poseedor debe presumir el origen ilícito si hay señales de alteración.
Esta medida alcanza a propietarios o encargados de inmuebles donde se encuentren vehículos robados o restos de los mismos. Se busca clausurar los centros de desmantelamiento que alimentan el mercado negro de repuestos usados en todo el territorio nacional.
Falsificación de documentos y vigencia
Un punto clave de la reforma es el endurecimiento de las penas por falsificar documentos de propiedad o de circulación. El artículo 366 ahora establece castigos de cinco a diez años por alterar documentación obligatoria de tránsito.
«La pena se agravará de 5 a 10 años cuando se trate de falsificación o alteración de documentación que acredite la propiedad», dicta el texto aprobado. Esto incluye cualquier documento necesario para la libre circulación por las vías públicas terrestres.
Finalmente, la normativa estipula que quien envíe vehículos robados o sus piezas fuera del territorio nacional también recibirá la pena máxima de ocho a quince años. Esta ley entrará en vigor de forma inmediata a partir de su publicación oficial.
