Frente Amplio sacude al Poder Judicial con plan para frenar abusos
La Fracción Legislativa del Frente Amplio presentó una moción formal con el objetivo de crear una Comisión Especial Mixta enfocada en el fortalecimiento y modernización del Poder Judicial, una propuesta que busca abrir un debate profundo sobre los problemas estructurales que aquejan al sistema de justicia en Costa Rica.
La iniciativa, impulsada de forma directa por el diputado Antonio Trejos Mazariegos en conjunto con legisladores de otras bancadas, surge en un escenario complejo de mora judicial y crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre la eficacia de los tribunales.
Frente Amplio sacude al Poder Judicial con plan para frenar abusos
“Costa Rica necesita una justicia más pronta, transparente y accesible. La ciudadanía está cansada de grandes casos de corrupción que no avanzan y de problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia”, afirmó Trejos.
El planteamiento de este nuevo órgano legislativo coincide con los datos del Informe Estado de la Justicia 2025, el cual revela que el 66% de las personas usuarias del Poder Judicial reprochó la lentitud de los procesos durante el año 2023.
Según el citado estudio técnico, los tiempos promedio de resolución aumentaron de forma considerable en ocho de las catorce materias analizadas, registrando un impacto mayor en áreas sensibles como lo notarial, lo contencioso-administrativo y los procesos de cobro.
A la problemática de la mora se añade un entorno político de tensiones institucionales, caracterizado por constantes críticas desde otros poderes de la República que impactan de forma directa contra la legitimidad e independencia de la judicatura.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, respondió de forma reciente a estos señalamientos externos, defendiendo la institucionalidad y reconociendo al mismo tiempo los desafíos internos que enfrenta la entidad que dirige.
“Se ha querido instalar la idea de que el Poder Judicial es responsable de la crisis de seguridad, de la corrupción y del atraso nacional”, manifestó el jerarca judicial en su declaración oficial ante los cuestionamientos recibidos.
No obstante, el magistrado Aguirre admitió con claridad que la institución posee deudas pendientes con la sociedad costarricense: “El país tiene derecho a pedir una justicia pronta y cumplida que no se refugie en formalismos para explicar sus demoras”.
El debate actual no radica en la ausencia de diagnósticos sobre el sistema, sino en la viabilidad real de que una nueva comisión legislativa logre producir resultados diferentes a los intentos de reforma que se han tramitado en el pasado.
Diversos analistas del sector han advertido de manera reiterada que el Estado costarricense posee suficientes estudios técnicos, pero carece de la capacidad de ejecución necesaria para implementar los cambios requeridos en el corto plazo.
La propuesta posee una lectura política estratégica dentro de la Asamblea Legislativa, donde el Partido Pueblo Soberano ejerce el control del Directorio y mantiene un peso determinante sobre la conformación de las comisiones ordinarias.
Ante este panorama, las bancadas de la oposición parlamentaria buscan herramientas reglamentarias que les permitan mantener incidencia política directa y ejercer control político efectivo, recurriendo a la creación de estas instancias mixtas.
El Frente Amplio ha insistido en que la medida no pretende vulnerar la institucionalidad judicial, sino promover reformas que garanticen la eficiencia del servicio sin erosionar los pilares de la separación de poderes del Estado.
“Defender la independencia judicial no implica negar los problemas existentes dentro del sistema, sino asumir con responsabilidad la tarea de reformarlo sin caer en ataques que debiliten la separación de poderes”, sostuvo Trejos Mazariegos.
La agenda propuesta para este foro parlamentario incluye el análisis de la mora judicial, el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, la digitalización de expedientes y el fortalecimiento de la carrera de los juzgadores.
