Patricia Solano: «Nos recortan, entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público»
Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, cuestionó públicamente a la presidenta Laura Fernández por el recorte presupuestario al OIJ que, según advirtió, debilitará la investigación criminal en Costa Rica. La declaración se dio tras la sesión de Corte Plena en la que se analizó una reducción adicional de recursos al Poder Judicial.
Las declaraciones se dieron en un video circulado a la prensa tras la sesión de Corte Plena en la que las magistraturas analizaron un recorte adicional planteado por el Ministerio de Hacienda. Del monto total, la mayor parte corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y una porción menor al Ministerio Público.
Patricia Solano: «Nos recortan, entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público»
Solano puso como ejemplo el costo de un operativo policial de alto impacto para cuestionar la relación entre resultados obtenidos y recursos asignados. «Si tuviéramos todos los recursos, los que ya nos deberían haber dado y los que tenemos, nos recortan entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial», sostuvo.
Según la magistrada, esa dinámica presupuestaria envía una señal contradictoria al país. «El Ministerio Público, te pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana», afirmó durante su intervención.
Una pregunta directa a la presidenta de la República
Solano cuestionó directamente a la presidenta de la República por la asignación de recursos destinados a la seguridad y planteó una serie de interrogantes sobre las consecuencias de reducir el financiamiento al Ministerio Público y al OIJ. «¿Cuál es la preocupación que tiene con la seguridad ciudadana?», cuestionó.
La magistrada insistió en que la labor de combatir estructuras criminales no corresponde originalmente al Poder Judicial, sino al Ejecutivo. «Eso le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, con todo el interés y la preocupación que tenemos, trabajamos en eso», explicó.
Solano fue más allá al preguntarse sobre el verdadero destinatario del recorte. «¿A quién combatimos, al Poder Judicial o a la criminalidad?», planteó, sugiriendo que la reducción de fondos podría beneficiar indirectamente al crimen organizado.
Antecedentes de tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno
La magistrada ya había calificado, semanas antes, ese tipo de recortes como una estrategia del Poder Ejecutivo para «ahogar económicamente» a la institución, en referencia a un episodio previo de tensión presupuestaria entre ambos poderes de la República.
Entre las afectaciones señaladas por las autoridades judiciales en ocasiones anteriores se mencionaron limitaciones para realizar operativos del OIJ, dificultades para adquirir licencias de software de análisis criminal y restricciones en la atención a víctimas.
Otros magistrados se sumaron al cuestionamiento durante la misma sesión. El magistrado Gerardo Rubén Alfaro advirtió que la disminución de recursos para el OIJ solo beneficia al crimen organizado.
Por su parte, las autoridades judiciales cuestionaron que el Ministerio de Hacienda consideró plazas vacantes como una posible fuente de holgura presupuestaria, aunque el Poder Judicial mantiene numerosas plazas ocupadas por personal interino.
El presidente de la Corte explicó que esas plazas continúan existiendo y prestando servicios, aunque administrativamente figuren como vacantes por no tener una persona nombrada en propiedad, lo que —según las autoridades— podría afectar la continuidad de los nombramientos si se reducen los fondos.
La magistrada cerró su intervención con una pregunta abierta hacia la ciudadanía. «¿Qué tienen que entender los costarricenses con esto?», planteó Solano, invitando a la población a analizar el trasfondo de las decisiones presupuestarias frente al panorama de seguridad del país.
