Querella del Gobierno podría toparse con el mismo escenario que cuestiona: No hay magistrados ni suplentes
Que resuelvan la querella
La querella presentada por el Poder Ejecutivo contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional abrió un nuevo episodio en la discusión sobre los magistrados suplentes, luego de que surgieran cuestionamientos sobre cómo podría tramitarse el proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia. La situación genera un escenario jurídico complejo debido a la integración que debería asumir Corte Plena para conocer el caso.
La mañana de este lunes, la presidenta Laura Fernández acudió a la Corte Suprema de Justicia junto con varios jerarcas del Gobierno para presentar una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional. La acción legal se produce tras la resolución que extendió el nombramiento de magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa designe a quienes ocuparán esas plazas de manera formal.
Querella del Gobierno podría toparse con el mismo escenario que cuestiona: No hay magistrados ni suplentes
Según la resolución cuestionada, la prórroga busca garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional mientras el Congreso concluye el proceso de nombramiento. De acuerdo con la información disponible, existen más de 120 expedientes pendientes de resolución debido a la ausencia de suficientes magistrados suplentes para integrar el tribunal.
El escenario adquiere una nueva dimensión porque la querella no podría ser conocida por los mismos magistrados señalados en la denuncia. En ese caso, los cuatro jueces tendrían que inhibirse de participar en la discusión por estar directamente involucrados en el expediente, lo que obligaría a integrar Corte Plena con magistrados suplentes.
Integración de Corte Plena genera interrogantes
Ese procedimiento enfrenta un obstáculo adicional. Los magistrados suplentes que deberían asumir esas funciones no han sido nombrados por la Asamblea Legislativa, situación que distintos sectores atribuyen a la falta de acuerdos políticos durante los últimos meses. Mientras tanto, la resolución de la Sala Constitucional mantiene vigente la extensión temporal de quienes ya venían desempeñando esos cargos.
La posibilidad de que participen los suplentes cuya permanencia fue prorrogada también abre un nuevo debate político y jurídico. El ministro de Hacienda y diputado oficialista, Nogui Acosta, manifestó previamente que el Gobierno no reconocerá resoluciones emitidas con votos de esos magistrados suplentes.
«No acataremos ninguna resolución emitida con votos de esos suplentes», señaló Acosta al referirse a la decisión adoptada por la Sala Constitucional. Esa posición podría generar un escenario complejo si precisamente esos magistrados son quienes deban integrar Corte Plena para conocer la querella presentada por el Ejecutivo.
La controversia ocurre en medio de un enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional respecto al alcance de las competencias de cada poder del Estado. Mientras el Gobierno sostiene que existió una actuación que amerita una investigación penal, los magistrados emitieron una resolución dirigida a garantizar la continuidad del funcionamiento del tribunal constitucional.
En la Asamblea Legislativa continúa pendiente la elección de nuevos magistrados suplentes, proceso que requiere acuerdos entre las distintas fracciones legislativas. Hasta que esa designación se concrete, el funcionamiento de algunos procesos judiciales y administrativos permanece ligado a las decisiones adoptadas por la Sala Constitucional para asegurar la integración del órgano jurisdiccional.
