Carlo Díaz “No fue una chiripa” mientras Michael Soto dijo «Gracia Divina» detención de “Diablo”

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el traslado de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, al Primer Circuito Judicial de San José tuvo como propósito permitir una reunión con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La aclaración surge luego de las críticas emitidas por el Poder Ejecutivo y diputados oficialistas sobre el procedimiento realizado antes de la audiencia de medidas cautelares.

Durante una conferencia de prensa, Díaz indicó que la diligencia ocurrió durante la mañana del lunes en un espacio privado y sin la participación de funcionarios del Ministerio Público costarricense. Según explicó, el encuentro fue autorizado por las autoridades estadounidenses y respondió a un procedimiento habitual cuando una persona enfrenta requerimientos internacionales.

Carlo Díaz “No fue una chiripa” mientras Michael Soto dijo «Gracia Divina» detención de “Diablo”

El jerarca del Ministerio Público señaló que la DEA autorizó revelar la existencia de la reunión para despejar las dudas que surgieron tras el traslado del sospechoso desde el centro penitenciario La Reforma. Asimismo, sostuvo que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

“La DEA me ha permitido comentarles a ustedes que lo que se suscitó el lunes en la mañana fue una conversación de alias ‘Diablo’ con dos oficiales de la DEA”, manifestó Carlo Díaz.

El fiscal explicó que el objetivo principal del encuentro fue informar a Arias Monge sobre el interés de Estados Unidos de promover un proceso de extradición para que enfrente investigaciones relacionadas con presunto tráfico internacional de drogas. Además, indicó que los oficiales estadounidenses aprovecharon la reunión para conocer la posición del detenido respecto a esa eventual solicitud.

Fiscalía defiende protocolos y operación policial

Díaz también respondió a los cuestionamientos realizados por representantes del Gobierno y legisladores oficialistas, quienes habían puesto en duda la necesidad de trasladar al sospechoso varias horas antes de la audiencia judicial. El fiscal aseguró que la movilización obedeció a razones operativas y de seguridad previamente coordinadas.

En ese sentido, explicó que tanto Alejandro Arias Monge como Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad similares a las que se aplican en otros casos considerados de alto perfil. Según afirmó, el procedimiento no representó una excepción dentro de las actuaciones del Ministerio Público.

El fiscal general lamentó que se generaran interpretaciones sobre el traslado sin conocer las razones que motivaron la diligencia. A su criterio, la explicación brindada busca aportar transparencia al proceso y aclarar las circunstancias que rodearon la movilización del imputado.

Además del tema relacionado con la DEA, Díaz defendió la denominada Operación Némesis, desarrollada por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual culminó con la captura de Arias Monge el pasado 24 de julio en Sarapiquí.

“No fue una chiripa”, expresó el fiscal al referirse al operativo, al tiempo que destacó que la investigación requirió un trabajo sostenido de inteligencia, recursos especializados y planificación durante un periodo prolongado.

El jerarca sostuvo que la detención fue resultado de una estrategia coordinada entre distintas autoridades nacionales, cuyo objetivo era ubicar y capturar a una de las personas consideradas de mayor interés para las autoridades judiciales.

Alias “Diablo” era buscado por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico internacional y figuraba entre los objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenía una recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera su captura.

Actualmente, Arias Monge permanece a la espera del desarrollo de los procesos judiciales correspondientes en Costa Rica, mientras las autoridades nacionales continúan atendiendo las gestiones relacionadas con una eventual solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.