Ministro Zamora revela devastador daño ambiental en zona minera
La magnitud del daño en el cerro Conchudita comienza a quedar al descubierto. ¿Qué fue lo que observó el ministro de Seguridad Pública durante un sobrevuelo en la zona fronteriza que lo llevó a hablar de una destrucción casi total? Las imágenes aéreas y los hallazgos en tierra abren una nueva alerta sobre la minería ilegal en Cutris de San Carlos.
En un operativo realizado este martes en Crucitas, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, confirmó la gravedad de la afectación ambiental en el sector conocido como Conchudita, limítrofe con el río San Juan, Nicaragua. Según detalló el jerarca, el cerro presenta una devastación que alcanza el 90%, producto de la actividad minera ilegal que desde hace años golpea esta zona norte del país.
Durante la intervención policial, la Fuerza Pública logró la aprehensión de 20 personas conocidas como “coligalleros”, quienes presuntamente participaban en actividades de extracción ilegal de oro. Además, las autoridades ubicaron 20 tiendas artesanales, conocidas como “champas”, que formaban parte de un campamento improvisado en plena montaña, así como tres plantas eléctricas utilizadas para las labores mineras.
El ministro Zamora realizó un recorrido tanto por aire como por tierra para constatar el impacto ambiental y supervisar el despliegue de seguridad. “Confirmó la destrucción que sufre el cerro Conchudita”, indicaron autoridades tras el sobrevuelo efectuado en horas de la mañana.
Un cerro devastado y una frontera vulnerable
El cerro Conchudita, ubicado en Cutris de San Carlos, se encuentra en una zona estratégica cercana al río San Juan, frontera natural con Nicaragua. De acuerdo con el ministro, hace menos de una semana informó a los diputados de la República sobre “la destrucción del 90 por ciento del Cerro” y les solicitó avanzar en la aprobación del proyecto de Ley 24.717, denominado Minería Sostenible en Crucitas.
La minería ilegal en esta región no solo representa un severo daño ambiental, sino también un reto en materia de seguridad y soberanía. Zamora enfatizó que un grupo especializado permanece en el sitio “para proteger la Soberanía del país”, ante el constante ingreso y movilización de personas vinculadas a la extracción ilícita.
Las autoridades también han detectado el uso del río San Juan como vía de transporte de material minero. A finales de la semana pasada, el jerarca envió un oficio a la Cancillería costarricense solicitando su intervención diplomática para que el gobierno de Nicaragua refuerce los patrullajes en el río.
Según explicó, el río “está siendo utilizado por los coligalleros para trasladar material minero a este país”, lo que agrava el problema y evidencia la dimensión transfronteriza del fenómeno.
Presión al Congreso y llamado urgente
Más allá del operativo puntual, el mensaje del ministro fue directo hacia la Asamblea Legislativa. Zamora mencionó que, pese a los máximos esfuerzos que realiza el Ministerio de Seguridad Pública, se requiere “una intervención inmediata de los señores y señoras diputados”.
El proyecto de Ley 24.717 busca establecer un marco para la minería sostenible en Crucitas, con el objetivo de regular y controlar la actividad, reduciendo así el espacio para la ilegalidad. La discusión legislativa ha generado posiciones encontradas, entre quienes consideran que podría ordenar el sector y quienes advierten riesgos ambientales adicionales.
En este contexto, el operativo en Conchudita se convierte en un nuevo capítulo de una problemática que combina crimen organizado, impacto ecológico, presión social y tensión política.
Impacto ambiental y seguridad nacional
Especialistas en temas ambientales han advertido que la minería ilegal suele implicar deforestación, remoción de suelos y posible contaminación de fuentes hídricas, afectando ecosistemas sensibles y comunidades cercanas. En el caso de Conchudita, las imágenes aéreas observadas por el ministro evidenciarían amplias zonas intervenidas.
Desde el punto de vista de seguridad, la presencia de campamentos improvisados, plantas eléctricas y estructuras logísticas sugiere un nivel de organización que supera acciones aisladas. Esto obliga a mantener operativos constantes en una zona de difícil acceso y amplia extensión territorial.
La situación en Crucitas vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de coordinación interinstitucional, cooperación internacional y decisiones legislativas oportunas. Mientras tanto, el cerro Conchudita se convierte en símbolo de una lucha que sigue abierta.
El operativo dejó más de una veintena de coligalleros aprehendidos y evidencia que, pese a los esfuerzos estatales, la minería ilegal continúa siendo uno de los mayores desafíos en la frontera norte de Costa Rica.
