Marta Esquivel denunica a Carlo Díaz ante la Inspección Judicial por abuso de poder
El panorama judicial del país experimenta un nuevo giro tras la acción formal interpuesta contra el jefe del Ministerio Público Carlo Díaz. La actual diputada y expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, denunció al fiscal general.
La acusación formal fue presentada ante la Inspección Judicial por supuestos delitos de adelanto de criterio e incumplimiento de deberes fundamentales. El conflicto legal se deriva directamente de las declaraciones públicas emitidas por el fiscal general durante el denominado «Caso Barrenador».
Marta Esquivel denunica a Carlo Díaz ante la Inspección Judicial por abuso de poder
Los hechos cuestionados ocurrieron el pasado 23 de septiembre de 2024, durante múltiples operativos ejecutados en la institución aseguradora. En esa fecha, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó allanamientos y detenciones de altos jerarcas institucionales.
De acuerdo con el documento presentado, Díaz afirmó públicamente la existencia de sobreprecios estimados en un 33% en contratos. Estas adjudicaciones corresponden a la operación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, conocidos formalmente como EBAIS.
La parte denunciante sostiene con firmeza que el jerarca judicial emitió tales declaraciones informativas sin poseer el respaldo correspondiente. Esquivel asegura que el Ministerio Público no contaba en ese momento con peritajes técnicos ni elementos probatorios concluyentes.
Para sustentar la denuncia, la legisladora incorporó el informe de mayoría emitido recientemente por una comisión de la Asamblea Legislativa. Dicho órgano legislativo concluyó formalmente que no se logró acreditar la existencia real de sobreprecios en el concurso.
El documento parlamentario señala que las palabras de la máxima autoridad judicial habrían vulnerado garantías fundamentales de los investigados. Entre los principios señalados como afectados destacan la presunción de inocencia, la objetividad procesal y la debida proporcionalidad.
Asimismo, la denuncia enfatiza que la auditoría interna de la CCSS no validó los estudios de costos de la investigación. Tampoco la Contraloría General de la República avaló los análisis técnicos aplicados a las ofertas presentadas por diversas cooperativas.
La denunciante argumenta que el estudio de costos utilizado originalmente en la causa penal contenía graves errores de carácter metodológico. Debido a estas aparentes inconsistencias, la legisladora solicita abrir un procedimiento administrativo disciplinario contra el fiscal general de la República.
Además de la vía administrativa, Esquivel pide valorar posibles sanciones penales e incorporar el informe parlamentario al expediente judicial. La actual diputada justificó su decisión de no acudir directamente al Ministerio Público por desconfianza hacia la imparcialidad institucional.
La congresista manifestó abiertamente que percibe una constante persecución en su contra por parte de las autoridades del organismo judicial. Esta situación motivó a la exjerarca a buscar la intervención directa y exclusiva del órgano de Inspección Judicial.
“La justicia no puede convertirse en un espectáculo mediático ni en un veredicto anticipado. En Costa Rica nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia con objetividad, prudencia y absoluto respeto al debido proceso”, afirmó la legisladora.
El «Caso Barrenador» inició formalmente su exposición pública en septiembre de 2024, provocando un fuerte impacto en el sector político. Las pesquisas iniciales implicaron directamente a miembros de la Junta Directiva de la CCSS y a empresarios particulares.
Marta Esquivel figuró entre las personas detenidas durante las primeras fases operativas ejecutadas por el órgano fiscal del país. Actualmente, desde su curul legislativa, mantiene un cuestionamiento activo sobre el manejo técnico y la objetividad de los tribunales.
El caso entra ahora en una etapa de revisión interna donde se examinarán los límites de la comunicación judicial. La Inspección Judicial deberá determinar si el fiscal general incurrió en faltas gravísimas al detallar las estimaciones económicas del proceso.
