Laura Fernández amenaza a diputados con referendum si frenan proyectos urgentes
El Poder Ejecutivo de Costa Rica busca agilizar la agenda de seguridad y reformas estructurales en el Congreso. La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados de la República a una reunión de trabajo el próximo 29 de mayo para evaluar la situación del país.
La mandataria advirtió que la consulta popular es una alternativa viable si el trámite legislativo se estanca. El uso del referéndum surge como una herramienta constitucional ante la falta de consensos rápidos en temas de alta sensibilidad nacional.
Laura Fernández amenaza a diputados con referendum si frenan proyectos urgentes
“Mi apuesta es a que la Asamblea Legislativa pueda empujar ese paquete de proyectos”, aseguró Fernández. La gobernante recordó que los recursos ahorrados durante la campaña electoral previa podrían financiar este tipo de consultas ciudadanas directas.
El Gobierno actual cuenta con el respaldo político necesario en el parlamento para impulsar este mecanismo legal. Una consulta de esta naturaleza emularía el proceso histórico vivido en el país durante el año 2007 con el Tratado de Libre Comercio.
La agenda gubernamental incluye reformas sustanciales en áreas como las jornadas laborales de cuatro días y el mercado eléctrico. Sin embargo, iniciativas como la venta del BCR y el caso de Crucitas enfrentan el bloque opositor en el Congreso.
Ante la posibilidad de un estancamiento prolongado por parte de las bancadas opositoras, el referéndum se perfila como la vía del Ejecutivo. Esta estrategia busca trasladar la decisión final de las reformas directamente hacia el electorado costarricense.
La convocatoria del 29 de mayo tiene como eje prioritario abordar de forma técnica los índices de criminalidad nacional. “Estaré convocando a los 57 diputados a una encerrona de trabajo conmigo para ver los datos reales de cómo está la seguridad”, afirmó.
El Poder Ejecutivo detalló que el encuentro analizará la problemática desde las competencias estrictas que corresponden a los ministerios y cuerpos policiales. El enfoque principal será coordinar acciones inmediatas entre los poderes de la República.
La mandataria Fernández confirmó que supervisará los avances en materia de seguridad ciudadana de forma constante y rigurosa. Esta postura responde a las crecientes demandas de diversos sectores sociales que exigen soluciones estructurales al problema.
El anuncio formal de la reunión se dio tras un encuentro oficial entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales. La búsqueda de consensos entre los distintos poderes del Estado marcará la pauta política de las próximas semanas.
