«No he sido despedido», afirma Randall Zúñiga tras la resolución de la Corte Plena
Randall Zúñiga compareció ante los medios de comunicación para aclarar su situación administrativa actual tras las recientes resoluciones de la Corte Plena. Con su declaración, el panorama legal en la dirección general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se adentra en un escenario de profunda complejidad técnica y procesal.
El funcionario aclaró de manera enfática que su salida no es un hecho definitivo en este momento. “No he sido despedido ni existe una resolución firme de destitución en mi contra”, afirmó Zúñiga en su comunicado de prensa oficial.
«No he sido despedido», afirma Randall Zúñiga tras la resolución de la Corte Plena
Según el jerarca, la determinación actual responde exclusivamente a una estrategia de orden preventivo dentro del proceso administrativo. “Lo resuelto recientemente corresponde a una medida cautelar intraprocesal, consistente en mantener temporalmente la suspensión”, detalló con precisión el funcionario judicial.
La defensa técnica de Zúñiga insiste en que las publicaciones emitidas por Central Noticias de canal OPA no guardan relación con la presente resolución. El exdirector aclaró que dicha investigación específica sobre supuestas filtraciones de datos e imágenes iniciará formalmente hasta el próximo 25 de mayo.
Durante los meses de indagación, el jefe policial ha mantenido una postura de reserva por deferencia estricta a los canales institucionales. No obstante, argumentó que su pronunciamiento actual busca salvaguardar principios fundamentales como la presunción de inocencia ante la opinión pública.
Zúñiga recalcó la necesidad vital de proteger la autonomía de la policía judicial frente a dinámicas ajenas a la legalidad. El líder policial advirtió de manera contundente que “ningún caso debe resolverse por presión mediática”, instando al respeto por la institucionalidad.
Los órganos superiores de la Corte Plena sustentaron originalmente la revocatoria del nombramiento señalando supuestos incumplimientos de deberes sustanciales. Entre los argumentos esgrimidos por los magistrados se incluyeron afectaciones a la imagen institucional y divulgación no autorizada de datos.
La causa disciplinaria formal en contra del jefe del OIJ se arrastra desde octubre de 2025 bajo estrictas condiciones. Durante todo este periodo de recolección de pruebas, el funcionario se ha mantenido suspendido con el goce total de su salario.
Zúñiga rechazó categóricamente que la sanción esté ligada a los casos de alta relevancia penal que conmocionaron al país recientemente. El jerarca lamentó que durante meses se hayan mezclado públicamente hechos, procesos y señalamientos que no corresponden al caso analizado.
El exdirector desvinculó el proceso actual de investigaciones mediáticas como las de Kimberly Araya, Julieta Fernández o Nadia Peraza. “Tampoco se discutió si se habían enviado fotografías de cadáveres o se hubiera alertado sobre allanamientos”, sostuvo con firmeza Zúñiga.
La estrategia de la defensa enfatiza la desproporción existente entre los cargos imputados inicialmente y las faltas finalmente sancionadas. “Se me trasladaron 50 cargos y solo sancionaron seis”, puntualizó el jerarca, cuestionando el balance del debido proceso aplicado.
Para ilustrar su disconformidad con el procedimiento, el funcionario recurrió a una analogía sobre la naturaleza de las acusaciones penales. “Esto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo y lo condenan por evasión fiscal”, comparó críticamente.
El exdirector insistió en que los órganos directivos no lograron evidenciar la divulgación de material sensible que fuera totalmente inédito. “No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, argumentó el funcionario judicial.
El núcleo de la sanción, según la perspectiva de Zúñiga, radica en intercambios verbales sobre datos que ya circulaban masivamente. “Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados”, expresó textualmente.
Ante este escenario, el funcionario judicial anunció que agotará las vías legales correspondientes para revertir la medida del Poder Judicial. El jerarca confirmó que acudirá formalmente a la vía contencioso-administrativa para interponer los recursos de impugnación necesarios.
En el cierre de su mensaje, Zúñiga alertó sobre supuestos intereses externos que buscan modificar el equilibrio de las fuerzas policiales. “Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”, concluyó de forma alarmante el exdirector.
