Diputada denuncia pago millonario en alquiler de la Sala IV y apunta empresa vinculada a hijos de un reconocido donante de PLN
La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, denunció este martes que el Poder Judicial ha desembolsado más de US$12 millones desde 2017 por el alquiler del edificio que alberga a la Sala Constitucional, contrato que beneficia a una empresa vinculada a hijos de un reconocido donante del Partido Liberación Nacional (PLN). La legisladora calificó el gasto como una «barbaridad» que exige explicaciones inmediatas de las autoridades judiciales.
El inmueble que ocupa la Sala Constitucional es arrendado a la empresa Direct Communication S.A., cuyos representantes legales son Mónika y Paul Wedel Pacheco, hijos de Juan José Wedel Carazo, señalado como donante histórico del PLN. Ese vínculo familiar es el eje central del cuestionamiento planteado por Guadamuz ante la opinión pública.
Diputada denuncia pago millonario en alquiler de la Sala IV y apunta empresa vinculada a hijos de un reconocido donante de PLN
«Estamos hablando de US$12 millones de plata de todos los costarricenses. ¿No les parece extraño que una familia con vínculos con el PLN se haya beneficiado durante tantos años de un contrato millonario y que don Orlando Aguirre firmara una adenda para aumentar el alquiler en 20 mil dólares? Aquí hay preguntas que necesitan respuestas», afirmó la diputada.
De acuerdo con los datos presentados por la legisladora, en 2024 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, firmó una adenda contractual que elevó el pago mensual de aproximadamente US$102 mil a más de US$122 mil. El compromiso, según explicó, se mantendrá vigente hasta marzo de 2029.
Ese incremento representa un desembolso adicional considerable para las arcas del Poder Judicial, en momentos en que distintos sectores reclaman mayor austeridad en el gasto público. Guadamuz insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios que motivaron ese ajuste al alza.
¿Escritorios vacíos pese al millonario alquiler?
La diputada también puso en entredicho la eficiencia del gasto al señalar que, de los 150 funcionarios asignados a la Sala Constitucional, 110 trabajan bajo modalidad mixta. Precisó que 62 profesionales en derecho cumplen un esquema de cuatro días de teletrabajo y uno solo de forma presencial.
«Aquí algo no cuadra: pagamos más de US$122 mil al mes por un edificio, pero una buena parte del personal pasa varios días trabajando desde la casa. ¿Entonces estamos pagando semejante alquiler para tener escritorios vacíos buena parte de la semana?», cuestionó Guadamuz.
La legisladora sumó a sus críticas el estancamiento del proyecto para construir una sede propia del Poder Judicial. Explicó que, pese a que el terreno fue adquirido en abril de 2025, los planos, el presupuesto detallado y la contratación de la empresa constructora registran un avance del 0%.
«Si ya compraron el terreno, ¿por qué ha avanzado tan poco la nueva sede? Seguimos pagando más de US$122 mil al mes en alquiler mientras las etapas más importantes del proyecto siguen en cero», añadió la diputada durante su intervención pública.
Para Guadamuz, la falta de avance en la construcción de instalaciones propias agrava el impacto financiero del contrato de alquiler, ya que el Estado continúa pagando una renta elevada sin que exista una fecha clara para independizarse de ese arrendamiento.
La legisladora fue enfática en aclarar que su cuestionamiento no busca desprestigiar a la Sala Constitucional como institución, sino abrir un espacio de fiscalización sobre el manejo de recursos públicos. Remarcó que corresponde a las autoridades judiciales aclarar los términos bajo los cuales se firmó y modificó el contrato de alquiler.
«Esto no es un ataque contra la Sala Constitucional. Esto es fiscalización. Son recursos de todos y los costarricenses merecen saber en qué se está gastando su plata», concluyó Guadamuz, dejando planteada la exigencia de una respuesta oficial por parte del Poder Judicial.
