Bukele impone cadena perpetua: A Menores desde los 12 años de edad
El escenario jurídico de El Salvador ha experimentado una transformación sin precedentes tras la sanción presidencial de nuevas reformas constitucionales. El presidente Nayib Bukele ratificó medidas que permiten la aplicación de la cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, equiparando su tratamiento legal al de los adultos en delitos de alta gravedad.
Esta decisión busca fortalecer la seguridad ciudadana al eliminar los antiguos topes de internamiento para menores involucrados en estructuras criminales. Hasta la fecha, la Ley Penal Juvenil limitaba las penas máximas a 10 o 20 años, dependiendo de la edad y el delito, una restricción que ahora desaparece bajo el nuevo marco legal.
Bukele impone cadena perpetua: A Menores desde los 12 años de edad
El beneficio principal para la población civil radica en la neutralización prolongada de actores generadores de violencia. Al asegurar que responsables de homicidios, feminicidios y violaciones permanezcan fuera de las calles, el gobierno apuesta por la consolidación de un entorno de paz duradera para las familias salvadoreñas.
Las reformas estipulan la aplicación de esta pena máxima tanto por delitos individuales como por la pertenencia activa a pandillas. Este enfoque responde a la necesidad de desarticular el relevo generacional de las estructuras delictivas, un problema histórico que ha afectado el desarrollo social y económico del país centroamericano.
Sin embargo, el sistema no clausura totalmente la posibilidad de reinserción, ya que se establece un mecanismo de «revisión obligatoria». Según el nuevo marco, los jueces de lo criminal deberán evaluar periódicamente la situación de los reos para considerar posibles regímenes de libertad controlada bajo reglas estrictas.
Para los menores condenados, esta revisión se realizará cada cinco años una vez cumplidos los primeros 25 años de prisión. En el caso de los adultos, el periodo de evaluación inicial comienza a los 30 años de cárcel, extendiéndose hasta los 40 años si existen agravantes o delitos múltiples.
“Estos jueces de lo criminal, otroras jueces de menores, deberán hacer una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada”, detalla el texto legal sobre la función de las nuevas judicaturas que entraron en vigencia el pasado 26 de abril.
El endurecimiento de las penas se enmarca en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha permitido la captura de más de 91,650 personas. Aunque organizaciones internacionales cuestionan las detenciones, el Ejecutivo defiende la eficacia del modelo, asegurando que cerca de 8,000 personas inocentes han sido ya liberadas.
Con estas medidas, El Salvador transita hacia un modelo de justicia punitiva que prioriza la protección de la mayoría sobre los beneficios procesales de los infractores. La sociedad observa con atención si este rigor legal logrará erradicar definitivamente la influencia de las pandillas en el tejido social.
