Edgardo Araya eleva a la Sala IV la defensa de Playa Panamá por tala de árboles
En una acción que pone bajo la lupa la gestión de los recursos estatales en Guanacaste, el diputado Edgardo Araya presentó un recurso de amparo para detener la tala de 748 árboles en el Polo Turístico Papagayo. La medida busca proteger un ecosistema que, según Araya, es vital para la calidad de vida y el futuro climático de las comunidades locales.
Este movimiento legal beneficia directamente a la población civil al garantizar que el patrimonio natural del Estado no sea sacrificado sin una revisión judicial exhaustiva. Al frenar la eliminación de la masa forestal, se asegura la continuidad de los servicios ecosistémicos que regulan la temperatura y protegen la biodiversidad en una de las zonas más áridas del país.
Diputado electo Edgardo Araya eleva a la Sala IV la defensa de Playa Panamá por tala de árboles
“Cuando un bosque se pierde, cuando un ecosistema se pierde, toda la sociedad pierde. Perdemos calidad de vida, perdemos un poquito de futuro”, afirmó Araya en un mensaje dirigido a los desarrolladores de Bahía Papagayo. Para el legislador, la protección del entorno es una inversión necesaria para la estabilidad social y económica de la región.
El conflicto escaló tras la autorización otorgada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el pasado 9 de abril de 2026. Araya ha cuestionado duramente al ministro Franz Tattenbach y a las autoridades de Setena, señalando un «fallo sistémico» que ha dejado desprotegidos los bienes que pertenecen a todos los costarricenses.
La advertencia de Araya también tiene un componente económico preventivo para el país. “Esperar siempre va a ser más barato que responder por daños ambientales de muy difícil o imposible reparación”, subrayó el diputado electo, enfatizando que la seguridad jurídica solo es posible si se respeta el derecho constitucional a un ambiente sano.
La petición ante la Sala IV exige la paralización inmediata de cualquier fragmentación o alteración del bosque en Playa Panamá. Esta intervención pretende evitar que los intereses de proyectos hoteleros de $925 millones se impongan sobre el bienestar colectivo de los habitantes que disfrutan de la zona marítimo-terrestre.
Con este recurso, se abre un debate sobre la responsabilidad civil y penal de los funcionarios y empresarios involucrados en el desarrollo del Polo Papagayo. La mirada de Araya está puesta en que el desarrollo sea realmente sostenible, evitando que el costo de la degradación ambiental lo paguen las futuras generaciones de ciudadanos.
Ahora, el futuro de los 748 árboles de Playa Panamá depende del análisis que realicen los magistrados constitucionales. Mientras tanto, el enfoque de Araya resalta la importancia de la vigilancia ciudadana y política para asegurar que el progreso económico no signifique un retroceso en los derechos ambientales del pueblo costarricense.
