TSE revela cuáles son los cinco referéndums que esperan luz verde sobre temas clave para Costa Rica
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene actualmente en análisis cinco solicitudes para convocar referéndums en Costa Rica, cada una enfocada en asuntos de alto impacto para la política pública y la economía nacional. Las iniciativas abarcan desde la exploración petrolera hasta reformas laborales, la modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y cambios en el mercado de los combustibles.
Cada expediente avanza conforme al procedimiento establecido por la legislación electoral y constitucional. Dependiendo de la propuesta, algunas ya cuentan con autorización para iniciar la recolección de firmas, mientras que otras permanecen bajo análisis jurídico o técnico antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.
TSE revela cuáles son los cinco referéndums que esperan luz verde sobre temas clave para Costa Rica
Una de las iniciativas plantea autorizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural en territorio nacional. El trámite comenzó en 2016 y, según informó el órgano electoral, los formularios oficiales ya fueron visados por la Sección de Solicitudes y Trámites Electorales (SSTE). El siguiente paso dependerá de que el grupo gestor retire la documentación para iniciar la búsqueda del respaldo ciudadano.
Otra solicitud propone eliminar el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sobre la importación, refinación, almacenamiento y comercialización de combustibles. El objetivo de la iniciativa es abrir el mercado nacional de hidrocarburos mediante un esquema de mayor competencia entre operadores.
De acuerdo con el TSE, esta propuesta ya obtuvo la autorización para utilizar la plantilla de recolección de firmas. Sin embargo, el procedimiento aún requiere la impresión y posterior visado de los formularios oficiales antes de que el grupo promotor pueda iniciar la recopilación del apoyo ciudadano exigido por la normativa.
Entre los expedientes también figura un proyecto para modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La iniciativa fue presentada en 2019 por el exdiputado Jorge Arguedas y propone modificar el Decreto-Ley N.° 449 con el fin de incorporar representantes de los trabajadores y de los usuarios dentro del Consejo Directivo de la institución.
El Tribunal indicó que en este caso ya autorizó la recolección de firmas. No obstante, el grupo gestor todavía debe presentar el plan operativo que describa la forma en que se desarrollará ese proceso, requisito indispensable antes de iniciar la búsqueda del respaldo ciudadano.
La cuarta propuesta corresponde a una reforma integral del Código de Trabajo. Entre los cambios planteados se incluyen nuevas reglas sobre jornadas laborales, períodos de descanso, licencias, estabilidad en el empleo y otros aspectos aplicables tanto al sector público como al privado.
Además, el proyecto contempla modificaciones a la Ley de Protección al Trabajador para introducir cambios relacionados con el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC). Actualmente, este expediente permanece bajo análisis de la Sala Constitucional, instancia que deberá determinar su viabilidad jurídica antes de que continúe el procedimiento.
La quinta iniciativa propone asignar al ICE la ejecución de proyectos de infraestructura vial. Según informó el Tribunal Supremo de Elecciones, el expediente fue remitido al Departamento de Servicios Técnicos para el análisis correspondiente como parte del proceso previo a cualquier eventual avance.
El coordinador del Cuerpo de Letrados del TSE, Juan Luis Rivera, explicó que en Costa Rica existen tres mecanismos para convocar un referéndum: la iniciativa ciudadana, la legislativa y la mancomunada. Cada una establece requisitos específicos y diferentes niveles de respaldo institucional o ciudadano para que una consulta popular pueda realizarse.
Según Rivera, la iniciativa ciudadana inicia con la presentación de un proyecto de ley ante el Tribunal, el cual realiza un estudio de constitucionalidad. Si supera esa etapa, el TSE autoriza la recolección de firmas mediante formularios oficiales y, una vez verificadas, el respaldo debe alcanzar el equivalente al 5% del padrón electoral para convocar el referéndum.
El funcionario también indicó que la iniciativa legislativa permite que un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa sea sometido a consulta popular cuando un diputado lo solicite durante el período de sesiones ordinarias y cuente con el respaldo de al menos 38 legisladores.
En cuanto a la modalidad mancomunada, Rivera explicó que esta parte de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo y requiere posteriormente la aprobación de al menos 29 diputados. Una vez cumplido ese requisito, el expediente es trasladado al Tribunal Supremo de Elecciones para continuar con el procedimiento establecido por la ley.
Paralelamente, el Tribunal informó que redujo en ¢1.959 millones su presupuesto para 2026 e inició gestiones ante el Ministerio de Hacienda, al considerar que actualmente no se proyecta la realización de un proceso de referéndum en el corto plazo.
