MEP restringe el proselitismo político en las aulas tras la visita de tres exdiputados a un colegio de Pacayas
El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió el pasado 3 de julio una nueva circular de acatamiento obligatorio para todos los centros educativos del país. La directriz se publicó el mismo día en que el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, junto con los también exlegisladores Antonio Ortega y Luz Mary Alpízar, participó en el acto oficial de traspaso de poderes del Gobierno Estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Pacayas.
Una fotografía tomada durante esa actividad muestra a los tres exdiputados en el evento oficial realizado en el centro educativo, un hecho que días después se convirtió en punto de referencia para explicar el momento en que el MEP decidió publicar la circular.
MEP restringe el proselitismo político en las aulas tras la visita de tres exdiputados a un colegio de Pacayas
El documento, identificado como DM-CIR-0047-2026, fue firmado por el ministro Leonardo Sánchez junto con las viceministras María Alexandra Ulate, del área Académica, y Sofía Ramírez, de la Administrativa. Los lineamientos aplican de forma rigurosa durante la jornada laboral, en actos oficiales o mediante el uso de recursos del centro educativo.
Entre las conductas prohibidas figuran utilizar aulas, evaluaciones, actos cívicos y recursos institucionales para realizar propaganda política, proselitismo o adoctrinamiento. También queda vedado permitir el ingreso o permanencia de personas externas cuyo propósito sea realizar propaganda, proselitismo o adoctrinamiento ideológico.
Antecedentes que motivaron la medida
La circular no surge de manera aislada. El documento surge tras antecedentes recientes en los que se permitió la realización de actividades partidarias en escuelas y colegios durante la administración anterior del mismo grupo que ahora firma la circular, incluyendo la contratación de un diputado oficialista para dar charlas en centros educativos.
En marzo de 2025, la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones ordenó una investigación preliminar sobre presuntos hechos de beligerancia política protagonizados por el presidente Rodrigo Chaves durante la inauguración del curso lectivo en un colegio de San José. Meses después, se denunció el ingreso de un miembro del partido Pueblo Soberano a un colegio para desplegar una bandera partidaria bajo el pretexto de una charla institucional.
El MEP también estableció mecanismos de control. Cuando se detecten hechos que contravengan las disposiciones, deberá levantarse la documentación respectiva y remitirse a instancias como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Departamento de Asuntos Disciplinarios del propio Ministerio.
Sindicatos magisteriales cuestionan la circular
La reacción de los gremios docentes no se hizo esperar. Gilbert Díaz, del Sindicato de la Educación Costarricense, considera que la medida puede estar afectando la libertad de expresión, mientras que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza comunicó que este tipo de prácticas pretenden silenciar la crítica hacia el Gobierno en temas sensibles y cotidianos, como las necesidades de los centros educativos y las situaciones de seguridad.
Desde la APSE, su representante fue más allá al señalar que el Reglamento de la Carrera Docente ya establece con claridad los deberes y obligaciones del profesional en educación, por lo que la circular resultaría innecesaria. Por su parte, Gilda Montero, de la Asociación Nacional de Educadores, cuestionó el momento en que se hizo llegar la circular al personal docente.
La directriz aclara, no obstante, que los temas políticos podrán seguir abordándose en el aula. Los docentes sí podrán tratar temas políticos, sociales, económicos e institucionales cuando formen parte de los programas oficiales de estudio, incluyendo contenidos sobre procesos electorales, instituciones públicas y derechos humanos.
La circular asigna una responsabilidad directa a las Direcciones Regionales de Educación, supervisiones y directores de escuelas y colegios para vigilar y controlar el cumplimiento de estas normas, que rigen de manera inmediata para todo el sistema educativo público del país.
