Marulin Azofeifa exige medidas cautelares y «tobillera electrónica» contra Fabricio Alvarado
La exdiputada Marulin Azofeifa ha puesto a Fabricio Alvarado en una encrucijada legal aún más compleja que podría restringir su libertad de movimiento de forma inmediata. La incertidumbre sobre su retorno al país ha disparado las alarmas en el sistema judicial costarricense durante las últimas horas.
El exdiputado es sujeto de una serie de peticiones restrictivas que buscan asegurar su presencia ante los tribunales de justicia. Mientras el exlegislador se encuentra fuera de las fronteras nacionales, surge la duda de si las autoridades aplicarán medidas de vigilancia electrónica.
Marulin Azofeifa exige medidas cautelares y «tobillera electrónica» a Fabricio Alvarado
Las denunciantes Marulin Azofeifa y Alicia Castillo acudieron formalmente a la Fiscalía General de la República para solicitar acciones contundentes contra el exaspirante presidencial. La gestión busca evitar que la causa penal por presuntos delitos de hostigamiento y abuso sexual sufra retrasos significativos.
“Se trata de una de las medidas cautelares que Azofeifa planteó este jueves, en la sede de la Fiscalía General de la República”, señala el documento legal. La urgencia de la petición radica en que el político salió de Costa Rica apenas un día antes de perder su inmunidad.
Entre las herramientas de control solicitadas destaca el uso de una tobillera electrónica y el arresto domiciliario para el exmiembro del Congreso. Estas medidas pretenden garantizar que el proceso judicial continúe sin el riesgo de que el imputado permanezca indefinidamente en el extranjero.
Además del monitoreo satelital, se ha pedido que el exdiputado entregue todos sus pasaportes ante la autoridad judicial competente de manera obligatoria. Esta restricción se sumaría a la prohibición de salida del territorio nacional que la fiscalía deberá valorar en los próximos días.
“Que se gire una alerta internacional, con dicha orden de captura, a través de la Policía Internacional (Interpol)”, es la petición de la representación legal. Esta medida solo se activaría en el escenario de que Alvarado no regrese voluntariamente de su viaje actual.
La estrategia legal de Azofeifa también incluye la prohibición de comunicación entre Alvarado y los testigos de cargo ofrecidos en el expediente penal. Se busca proteger la integridad del testimonio de aquellas personas que podrían aportar pruebas fundamentales durante la etapa de juicio.
Asimismo, se solicitó que el político de Nueva República no pueda acercarse a menos de 500 metros de la denunciante ni contactarla por terceros. Estas medidas de protección son habituales en casos de género para evitar cualquier tipo de perturbación o intimidación hacia las víctimas.
Aunque el Plenario legislativo no logró emitir una sanción ética por falta de cuórum, la vía penal sigue avanzando con independencia del ámbito político. La ausencia de diputados oficialistas y aliados impidió un castigo administrativo, pero no detuvo las investigaciones que lidera el Ministerio Público.
“Como Alvarado perdió su calidad de miembro de un supremo poder, el expediente debe pasar de manos del fiscal general a la Fiscalía de Género”, explica el informe. Este cambio técnico de jurisdicción es un paso necesario tras la conclusión del periodo constitucional del exlegislador.
En caso de que el exlíder evangélico sea detenido en el extranjero bajo una eventual orden de captura, se ha pedido prisión preventiva inmediata. La representación de Azofeifa argumenta que el riesgo de fuga se vuelve real si no existe un compromiso de comparecencia.
El desenlace de esta petición marcará un precedente en el manejo de causas penales contra figuras públicas que han ostentado altos cargos. Por ahora, el país aguarda la resolución de la Fiscalía mientras se monitorea el estatus migratorio del investigado en tiempo real.
La objetividad del proceso será clave para determinar si las medidas solicitadas son proporcionales a los hechos que se investigan actualmente. La noticia continúa en desarrollo mientras las autoridades judiciales analizan los argumentos presentados por la defensa y la parte querellante.
