Aguirre cuestiona nuevas reglas que impone Fernández sobre presupuesto del Poder Judicial
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, Orlando Aguirre, advirtió que el presupuesto del Poder Judicial para 2027 enfrenta un problema que va más allá del monto asignado. Según explicó, el verdadero conflicto radica en cuándo y cómo la institución podrá disponer de esos recursos, un punto que, a su juicio, la ciudadanía debe conocer con claridad.
Aguirre precisó que la discusión no gira en torno a la cantidad de dinero que recibe el Poder Judicial, sino a las condiciones impuestas para utilizarlo. De acuerdo con el jerarca, esto podría comprometer investigaciones, la protección de víctimas y el funcionamiento de los tribunales en todo el país.
Aguirre cuestiona nuevas reglas que impone Laura Fernández sobre presupuesto del Poder Judicial
«El debate no es solo cuánto dinero recibe el Poder Judicial, sino cuándo puede utilizarlo y qué puede hacer con esos recursos», señaló Aguirre al referirse a la propuesta que analiza actualmente la Asamblea Legislativa.
El magistrado insistió en que la institución que preside ha cumplido históricamente con sus obligaciones de transparencia. Recordó que el Poder Judicial está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a los controles y auditorías que establece la ley.
Según detalló Aguirre, la nueva Formulación Presupuestaria establece, de manera exclusiva para el Poder Judicial, una serie de trámites adicionales para poder utilizar parte de los fondos que ya fueron presupuestados. Estos procedimientos involucrarían a una Comisión Legislativa, al Plenario Legislativo y al Ministerio de Hacienda antes de que los recursos puedan ejecutarse.
«Para liberar esos recursos, se requiere, según la nueva Formulación Presupuestaria, de trámites y aprobaciones que involucran a una Comisión Legislativa, al Plenario Legislativo y al Ministerio de Hacienda», explicó el magistrado durante su intervención pública.
La diferencia entre fiscalizar y condicionar
Aguirre marcó una diferencia entre fiscalizar y condicionar el uso de los recursos, un matiz que considera central en la discusión legislativa actual. «Fiscalizar significa comprobar que los recursos se utilicen correctamente y conforme a la ley. Otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse», afirmó.
Para el jerarca judicial, este mecanismo entraría en conflicto con la independencia de poderes establecida en la Constitución Política, al permitir una intervención administrativa de otro poder de la República sobre decisiones que, según argumenta, corresponden de forma exclusiva al Poder Judicial.
El magistrado rechazó que la posición de la Corte Suprema busque privilegios o justificar gastos innecesarios. Por el contrario, remarcó que se trata de garantizar la capacidad operativa de la institución para cumplir con sus funciones esenciales frente a la ciudadanía.
Aguirre advirtió que la falta de disponibilidad oportuna de los recursos tendría un impacto directo sobre la población. Entre las áreas que podrían verse afectadas mencionó las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial, la tecnología institucional, la atención y protección de víctimas, y el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
El planteamiento se produce en medio del proceso anual de discusión presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027, en el que participan distintas instituciones del Estado junto con el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. En ese marco, el Poder Judicial ha defendido en años anteriores su autonomía para administrar los fondos que la ley le asigna.
«Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia», sostuvo el magistrado presidente, al insistir en que el tema trasciende lo estrictamente financiero y toca directamente los servicios que recibe la población.
El jerarca judicial reiteró que la ejecución presupuestaria de la institución supera consistentemente el 95 por ciento y que se han cumplido las normas fiscales y de empleo público vigentes en el país durante los últimos periodos.
Aguirre cerró su intervención señalando que defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial equivale a defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía costarricense, en un contexto donde la discusión legislativa sobre el tema continúa abierta.
