¿A dónde va el combustible subsidiado? Proyecto apunta a redes criminales
Una pregunta incómoda comenzó a circular en el debate político y de seguridad en Costa Rica: ¿está terminando el combustible subsidiado para pescadores en manos del crimen organizado?
La duda no surge de la nada. Informes, investigaciones periodísticas y reportes institucionales han señalado durante años que parte del combustible destinado al sector pesquero podría estar siendo desviado para abastecer embarcaciones vinculadas al narcotráfico, la pesca ilegal y otras economías ilícitas en las costas del país.
¿A dónde va el combustible subsidiado? Proyecto apunta a redes criminales
En medio de ese escenario, el diputado Gilberto Campos Cruz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, presentó ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de ley N.º 25.425 denominado “Ley para erradicar el tráfico ilícito de combustible para el aprovisionamiento de embarcaciones dedicadas al crimen organizado”.
La iniciativa plantea una reforma a tres normas clave: las leyes N.º 9096, N.º 7557 y N.º 8754, con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido que organizaciones criminales utilicen combustible subsidiado originalmente destinado a la actividad pesquera.
Un subsidio pensado para pescadores… ¿aprovechado por redes ilícitas?
El combustible subsidiado ha sido históricamente un apoyo estatal para que pescadores puedan enfrentar los costos de operación en el mar. Sin embargo, según diversas investigaciones, ese beneficio también habría sido aprovechado por estructuras criminales.
De acuerdo con el planteamiento del proyecto, las debilidades en los sistemas de control y fiscalización han facilitado el desvío de este recurso público hacia actividades ilegales.
Estas operaciones, según reportes citados en el contexto de la iniciativa, incluyen el abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la pesca ilegal, actividades que operan en zonas marítimas y fluviales del país.
Nuevos controles y monitoreo del combustible
Para enfrentar este problema, el proyecto propone mecanismos más estrictos de supervisión y trazabilidad del combustible subsidiado.
Entre las medidas planteadas se encuentran:
- Sistemas de monitoreo satelital de embarcaciones
- Registros digitales del despacho de combustible
- Fortalecimiento de los procesos de fiscalización interinstitucional
- Nuevas herramientas para rastrear el uso del subsidio
Según explicó el legislador, la intención es crear un sistema más moderno y transparente que permita verificar que el combustible llegue realmente a quienes realizan actividades productivas legales.
Campos señaló que la iniciativa también busca reforzar la coordinación entre instituciones clave del Estado.
“Además, busca fortalecer la coordinación entre entidades como INCOPESCA, el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y otras autoridades responsables de combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales”, explicó el legislador herediano.
En el proyecto se menciona el trabajo conjunto con entidades como el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial.
Sanciones más fuertes contra el tráfico de combustible
Otro punto central del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en el desvío del combustible subsidiado.
El texto propone sanciones penales y administrativas específicas para las personas involucradas en el transporte, almacenamiento o comercialización ilícita de este combustible.
Además, incorpora agravantes dentro de la legislación aduanera y permite que el tráfico ilícito de combustible sea tratado como un delito vinculado al crimen organizado. Esto abriría la puerta a herramientas de investigación más robustas por parte de las autoridades.
El diputado Campos explicó que la reforma también pretende modernizar el marco regulatorio del sector.
“En esta reforma estamos planteando medidas para modernizar el marco regulatorio del transporte y abastecimiento de combustible en zonas marinas y fluviales, garantizando que las actividades económicas lícitas, como la pesca y el transporte marítimo, puedan desarrollarse con seguridad jurídica, mientras se cierran las brechas que han permitido la infiltración de estructuras criminales en el sistema”, agregó el legislador liberal.
Seguridad, recursos públicos y lucha contra el narcotráfico
El proponente también subrayó que la iniciativa tiene un impacto más amplio que el control del combustible.
Según explicó, la reforma busca proteger los recursos públicos destinados al sector pesquero, fortalecer la seguridad nacional y evitar que beneficios estatales sean aprovechados por organizaciones criminales.
Además, pretende asegurar que los subsidios lleguen exclusivamente a quienes realizan actividades productivas legítimas.
En un contexto regional donde el narcotráfico utiliza cada vez más rutas marítimas, el control del abastecimiento de combustible se ha convertido en un punto estratégico para frenar operaciones ilegales en las aguas jurisdiccionales del país.
La discusión del proyecto ahora quedará en manos del Congreso, donde deberá iniciar su trámite legislativo y enfrentar el debate político sobre la efectividad de estas nuevas medidas para cerrar los portillos que hoy preocupan a las autoridades.
