¿Recuperar el dinero robado? Nueva ley contra estafas promete cambiar el juego
Recuperar el dinero robado durante años para miles de costarricenses ha sido una pesadilla: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron. En muchos casos, tras denunciar la estafa, la respuesta fue similar: procesos largos, respuestas confusas y pocas posibilidades de recuperar el dinero.
Pero algo acaba de cambiar en el país. Una nueva legislación aprobada por los diputados promete modificar las reglas del juego y abrir una incógnita clave: ¿tendrán ahora los bancos que responder por el dinero robado mediante estafas informáticas?
¿Recuperar el dinero robado? Nueva ley contra estafas promete cambiar el juego
La Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en segundo debate el expediente 23.908, una ley que obliga a las entidades financieras a responder cuando el dinero de sus clientes sea sustraído mediante fraudes electrónicos. El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para la sanción presidencial y su posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.
La iniciativa surge en medio de un crecimiento alarmante de las estafas digitales en Costa Rica. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), más de 13.000 personas fueron víctimas de fraude en 2025, lo que equivale a 38 afectados cada día.
Las pérdidas económicas tampoco son menores. Cada año, los delitos electrónicos generan perjuicios cercanos a 20 millones de dólares, mientras que solo en 2025 se registraron más de 112.000 denuncias por fraudes y delitos digitales ante las autoridades.
Un cambio clave: la carga de la prueba
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la llamada inversión de la carga de la prueba, un concepto jurídico que cambia la dinámica de las investigaciones.
Hasta ahora, muchas víctimas debían demostrar que no fueron responsables del fraude para poder reclamar su dinero, algo que en la práctica resultaba extremadamente difícil debido a la complejidad técnica de los sistemas bancarios.
La legislación reconoce que son las entidades financieras quienes poseen la información clave para esclarecer lo ocurrido.
Esto incluye datos como:
Registros digitales.
Bitácoras de transacciones.
Sistemas de autenticación.
Trazabilidad de operaciones electrónicas.
Por lo tanto, serán los bancos quienes deberán aportar esa información técnica cuando ocurra un fraude.
El objetivo, según los legisladores, es que las víctimas no enfrenten solas un proceso técnico y complejo.
Un reclamo creciente de las víctimas
Durante el debate legislativo, varios diputados señalaron que la reforma responde a una demanda creciente de los ciudadanos que han sufrido estafas electrónicas.
Uno de ellos fue el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, quien explicó que la ley también contempla un beneficio para quienes ya iniciaron procesos de reclamo.
“Se incorpora un transitorio para que quienes fueron víctimas de estafa previo a la aprobación del proyecto y se encuentren en proceso de reclamo tengan beneficio de la normativa aprobada”, indicó.
Izquierdo añadió que el objetivo es que quienes aún tienen un caso abierto puedan acogerse a la nueva legislación.
“La idea es que quienes están en el proceso, con esto hay un transitorio que las personas que todavía están en el proceso… sí pueden acogerse a esta nueva ley”, afirmó.
Críticas al sistema financiero
Durante la discusión también surgieron cuestionamientos al funcionamiento del sistema financiero frente a este tipo de delitos.
Un legislador señaló que la iniciativa busca respaldar a quienes no han encontrado respuestas tras perder sus ahorros.
“Este es un proyecto de ley que viene a respaldar a los costarricenses que se han visto afectados por las estafas… porque no han sentido realmente una respuesta del sistema financiero de este país”.
Además, criticó la falta de propuestas por parte del regulador.
“La SUGEF no ha hecho una sola propuesta para resolver el problema. Llevamos miles de miles de personas estafadas. No pueden estar solas”.
No habrá devoluciones automáticas
A pesar del cambio legal, la normativa aclara que no habrá devoluciones automáticas del dinero.
Cada caso deberá investigarse utilizando evidencia técnica para determinar si hubo responsabilidad del banco o si existió negligencia por parte del usuario.
La legislación también mantiene el deber de cuidado de los clientes, lo que significa que las personas deberán seguir protegiendo sus claves, dispositivos y accesos bancarios.
Sin embargo, la reforma busca equilibrar la relación entre los usuarios y las entidades financieras.
Un intento por recuperar la confianza
En los últimos años, los fraudes electrónicos han crecido de forma acelerada en Costa Rica. Entre 2020 y 2024, este tipo de delitos aumentó aproximadamente 668%, lo que encendió las alarmas tanto en el sistema financiero como en el Congreso.
La nueva ley pretende fortalecer los estándares de custodia del dinero y mejorar la confianza de la ciudadanía.
Después de todo, cuando una persona deposita su salario, su pensión o el capital de su negocio en un banco, lo hace con una expectativa clara: que su dinero esté seguro.
