Laura Fernández lanza fuertes críticas a la Sala IV: Es un “Golpe a la institucionalidad”
La presidenta Laura Fernández defendió sus recientes cuestionamientos al Poder Judicial y aseguró que su advertencia sobre un supuesto “golpe de Estado institucional” responde, según explicó, a una preocupación por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Fernández sostuvo que los indicadores económicos que maneja su administración muestran un comportamiento favorable en áreas como inversión, empleo, turismo y exportaciones. La mandataria rechazó que sus afirmaciones respondan a suposiciones y afirmó que existen datos que respaldan su posición.
Laura Fernández lanza fuertes críticas a la Sala IV: Es un “Golpe a la institucionalidad”
“Los datos que yo tengo de crecimiento de las inversiones, de crecimiento del empleo, de crecimiento del turismo, de crecimiento de las exportaciones, de crecimiento del dinamismo de nuestra economía, gracias a Dios van por buen camino”, manifestó la presidenta.
La discusión, sin embargo, se trasladó al ámbito institucional. Fernández insistió en que su referencia a un “golpe de Estado institucional” se fundamenta en conceptos de la ciencia política y señaló directamente una resolución atribuida a cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La presidenta explicó que, desde su perspectiva, puede hablarse de golpes institucionales cuando uno de los poderes del Estado utiliza sus atribuciones para afectar la independencia o autoridad de otro. En ese contexto, cuestionó el alcance de la decisión judicial.
Fernández cuestiona decisión de cuatro magistrados
“Cuando cuatro magistrados de la Sala Cuarta generan un voto que viola abiertamente lo que pueden hacer según nuestra Constitución y según las leyes, eso es un golpe a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, afirmó Fernández.
La mandataria también vinculó su preocupación con la composición de la Asamblea Legislativa y el respaldo electoral obtenido por su agrupación política. Según dijo, 31 diputados pertenecen al partido de Gobierno y fueron electos en comicios que calificó como libres y democráticos.
Fernández agregó que su elección presidencial obtuvo más de 1,2 millones de votos y destacó la participación electoral registrada. A partir de esos resultados, sostuvo que le corresponde defender la separación de poderes y expresar sus preocupaciones cuando considere que existe un debilitamiento institucional.
“Si nosotros aceptamos estos golpes del Poder Judicial y los normalizamos empezamos a consentir un debilitamiento de la institucionalidad”, manifestó la presidenta, al explicar las razones de su postura frente al conflicto.
La presidenta niega querer atacar al Poder Judicial
Fernández rechazó, además, las acusaciones de que su administración pretenda debilitar o cerrar el Poder Judicial. Como parte de su argumento, mencionó reuniones previas con representantes de ese poder y cuestionó que algunas de sus invitaciones no hayan tenido la respuesta esperada.
La presidenta recordó una reunión privada en Casa Presidencial con Patricia Solano y afirmó que posteriormente volvió a convocar a representantes del Poder Judicial al Consejo Nacional de Seguridad. Según Fernández, en esa ocasión “dejaron las sillas vacías, no quisieron venir”.
También señaló que su administración presentó 11 proyectos de ley relacionados con la lucha contra la delincuencia y cuestionó que, según su versión, representantes judiciales no colaboraran en la redacción ni se pronunciaran sobre esas iniciativas.
Fernández vinculó ese enfrentamiento con las exigencias de ajuste presupuestario. Aseguró que su administración también ha tenido que reducir gastos y sostuvo que el esfuerzo debe involucrar a las distintas instituciones públicas para garantizar que los recursos disponibles sean suficientes.
“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la plata alcance”, afirmó la presidenta, quien negó tener intención de atacar al Poder Judicial, cerrarlo o actuar al margen de la legislación. La discusión entre el Ejecutivo y representantes del Poder Judicial se mantiene así como uno de los principales focos del debate institucional.
