«Costa Rica no es tierra de nadie»: Laura Fernández impulsa seis proyectos y recrudece el choque con el Poder Judicial
La presidente Laura Fernández presentó un paquete de seis proyectos de ley con los que busca agilizar los procesos judiciales, fortalecer el combate contra el crimen organizado, endurecer las sanciones por minería ilegal, modificar el sistema de pensiones alimentarias, reforzar el control sobre privados de libertad y modernizar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales.
Durante la presentación, la mandataria afirmó que las iniciativas pretenden responder a la crisis de inseguridad que enfrenta el país y acelerar la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Asimismo, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que analice y apruebe las propuestas independientemente de las diferencias políticas.
«Costa Rica no es tierra de nadie»: Laura Fernández impulsa seis proyectos y recrudece el choque con el Poder Judicial
Fernández también lamentó la ausencia de representantes del Poder Judicial en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad donde se discutirían previamente las iniciativas.
«Las sillas quedaron vacías, pero muy por el contrario, el compromiso del Gobierno se mantiene incólume», manifestó la presidenta.
Los seis proyectos presentados
1. Reforma al Código Procesal Penal
El primer proyecto propone sustituir la audiencia preliminar por una única audiencia previa al juicio para reducir la duración de los procesos penales.
Según el Gobierno, la iniciativa eliminaría trámites considerados duplicados, disminuiría la burocracia y permitiría una justicia más rápida, manteniendo las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Además, sostiene que la reforma reduciría costos operativos para el Poder Judicial.
2. Reforma constitucional para ampliar la extradición
La segunda iniciativa plantea modificar el artículo 32 de la Constitución Política para ampliar los delitos por los cuales un costarricense podría ser extraditado en casos excepcionales.
La propuesta incluiría delitos como narcotráfico internacional, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato, homicidios vinculados al crimen organizado, ciberterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional.
La mandataria aclaró que la extradición no sería automática y únicamente procedería mediante resolución firme de los tribunales de justicia y respetando el debido proceso.
3. Monitoreo electrónico para privados de libertad con beneficios carcelarios
El tercer proyecto propone que las personas condenadas que obtengan beneficios de ejecución de la pena, como regímenes de confianza o medidas alternativas a la prisión, deban portar dispositivos de monitoreo electrónico.
El Ejecutivo argumenta que esta medida permitiría conocer la ubicación de quienes cumplen parte de su condena fuera de prisión y reforzar el control sobre personas que aún mantienen una sentencia vigente.
Durante la presentación, Fernández señaló: «Si no van a estar tras las rejas debemos tener control de adónde están esas personas».
4. Endurecimiento de penas por minería ilegal
El cuarto proyecto busca aumentar las sanciones penales relacionadas con la explotación minera ilegal, especialmente en zonas protegidas como Crucitas.
La iniciativa incrementaría las penas de prisión para quienes exploten, financien, promuevan o comercialicen minerales extraídos ilegalmente, además de permitir el decomiso de maquinaria, bienes y recursos utilizados en estas actividades.
También contempla medidas para inmovilizar registralmente propiedades vinculadas con minería ilegal.
5. Tobillera electrónica para casos de apremio corporal por pensión alimentaria
El quinto proyecto propone sustituir, en determinados casos, el apremio corporal por monitoreo electrónico para personas que incumplen el pago de pensiones alimentarias.
El objetivo es que quienes mantienen esa obligación puedan continuar trabajando mientras permanecen bajo supervisión judicial y así generar ingresos para cumplir con la manutención de sus hijos.
La propuesta excluye delitos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, violencia doméstica, delitos sexuales y otros casos considerados de alto riesgo. Además, prevé la revocatoria inmediata del beneficio ante cualquier incumplimiento.
6. Reforma de los rangos policiales
El sexto proyecto pretende modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante la adopción de una nomenclatura homologada con estándares internacionales.
La iniciativa restablecería rangos como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente, sargento y cabo de policía, además de establecer requisitos académicos, experiencia profesional y concursos públicos para los ascensos.
De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer la carrera policial, profesionalizar los mandos y transparentar los procesos de promoción dentro de las fuerzas de seguridad.
Llamado al Congreso
Al finalizar la presentación, Laura Fernández solicitó a los diputados agilizar el trámite de las seis iniciativas y afirmó que la seguridad ciudadana requiere acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.
«Qué bonito sería que le den al pueblo de Costa Rica la noticia del año, que aprobaron estos proyectos», expresó la mandataria antes de entregar oficialmente el paquete de proyectos para iniciar su trámite legislativo.
