Grabarán a reos y abogados: radical plan de Laura Fernández contra el crimen de
El Poder Ejecutivo de Costa Rica formalizó una propuesta legal que busca autorizar el registro en el que se grabarán los encuentros entre privados de libertad de máxima seguridad y sus abogados defensores. La iniciativa forma parte de una estrategia institucional orientada a desarticular los canales de comunicación utilizados por los liderazgos de las organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.
La propuesta fue oficializada por la presidenta de la república, Laura Fernández Delgado, tras la sesión inaugural de la denominada «fuerza élite» de seguridad. Este cuerpo técnico, compuesto por directores policiales y mandos regionales de la Fuerza Pública, analizó el comportamiento de las bandas organizadas en el territorio nacional mediante el uso de mapas de calor, datos presupuestarios e inteligencia criminal.
Grabarán a reos y abogados: radical plan de Laura Fernández contra el crimen de
«Voy a proponer una ley para que las visitas a ese perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio. Porque si no, no vamos a ganar la batalla”, manifestó la mandataria Fernández Delgado.
El diagnóstico gubernamental indica que diversos líderes criminales mantienen su influencia operativa fuera de las cárceles mediante el flujo constante de visitas y encomiendas. Los análisis oficiales identificaron que internos ubicados en regímenes de alta contención continúan coordinando las actividades logísticas y operativas de las estructuras delictivas que operan en las diferentes provincias costarricenses.
«No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecían, o a la que siguen perteneciendo”, enfatizó la presidenta de la república.
Como medida inmediata, el Ministerio de Justicia y Paz recibió la instrucción de revisar los reglamentos internos sobre los bienes permitidos en las celdas. El Poder Ejecutivo argumentó que el ingreso excesivo de artículos de consumo personal y de vestimenta de lujo facilita el intercambio de información y el control interno en los penales.
«Nada hace un privado de libertad con 30 pares de zapatos de lujo en la cárcel, intercambiéndolos sepa Dios para qué», señaló la jerarca del Poder Ejecutivo.
La estrategia legislativa del gobierno, proyectada para presentarse en junio de 2026, contempla además la tipificación penal de la pertenencia a una banda criminal. Esta reforma legal busca fortalecer las herramientas operativas de los cuerpos policiales en su coordinación técnica con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
«Ocupamos, costarricenses, una ley que sancione pertenecer a una banda criminal. Nos urge esa reforma legal y la voy a preparar. La voy a presentar el próximo mes de junio”, anunció la mandataria.
Los datos oficiales de inteligencia policial registran la existencia de 260 estructuras delictivas en el país, de las cuales 61 sostienen disputas territoriales activas. El censo gubernamental estima que estas agrupaciones concentran un aproximado de 4.300 miembros dinámicos que inciden directamente en las condiciones de seguridad ciudadana regional.
«No puede ser que 4300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional”, argumentó la gobernante durante la presentación del balance de seguridad.
La administración federal también implementará un sistema de fiscalización semanal sobre las detenciones y la efectividad de las prisiones preventivas dictadas. El objetivo de la medida es medir el impacto real de los operativos policiales frente a la reincidencia de personas que son capturadas en múltiples ocasiones y puestas en libertad.
«Vamos a cambiar la forma en que se revisan los datos de seguridad en el país. Vamos hacia informes semanales de aprehensiones y a buscar la trazabilidad con el Ministerio Público para saber a ciencia cierta cuánta de la gente que agarran los policías, recibe prisión preventiva”, detalló Fernández.
Durante el análisis geográfico de la criminalidad, las autoridades evaluaron las operaciones de estructuras específicas como Los Lara, El Gordo Leo, Los Maruja, Gordo Julio y Los Gery. El monitoreo técnico se concentró prioritariamente en los cantones de Pavas, Desamparados, Cartago, Limón, Liberia y la localidad turística de Tamarindo.
Los indicadores estadísticos de 2026 muestran una tendencia a la baja del 13,3% en los delitos contra la vida en comparación con el periodo homólogo del año 2025. Pese al comportamiento a la baja de la variable cuantitativa, la presidencia manifestó la necesidad de profundizar las reformas estructurales en los tres poderes de la república.
«Yo no estoy satisfecha y ni mucho menos lo está el pueblo de Costa Rica, ni tampoco toda la jerarquía que está al frente de la seguridad nacional”, declaró la presidenta.
La política interna de control incluirá la aplicación obligatoria de pruebas de polígrafo a ministros y directores policiales enfocadas en la detección de infiltraciones del narcotráfico. El Poder Ejecutivo convocó formalmente a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa a una mesa de trabajo conjunta para definir la viabilidad jurídica de estas reformas.
