Proyecto de Iztarú Alfaro podría beneficiar a las Obras del Espirítu Santo
La diputada Iztarú Alfaro Guerrero del Partido Liberación Nacionnal presentó un proyecto de ley enfocado en la reforma de la legislación sobre el «Nombramiento Comisiones de Festejos Populares». La iniciativa busca modificar el destino de los recursos económicos generados por las tradicionales fiestas de Zapote en San José.
El propósito central de la propuesta de la legisladora liberacionista es reasignar fondos públicos que previamente se entregaban al Hospicio de Huérfanos de San José. Dicha entidad cesó operaciones de manera definitiva en el año 2019, producto de una severa crisis financiera y legal.
Proyecto de Iztarú Alfaro podría beneficiar a las Obras del Espirítu Santo
La reforma estipula que este capital se utilice de forma exclusiva en programas de asistencia social. Asimismo, establece que la inversión se dirija a la infraestructura orientada a la atención de niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad u orfandad.
Entre los principales beneficiarios de este cambio legal se encuentra la Asociación Obras del Espíritu Santo, entidad de bienestar social dirigida por el sacerdote Sergio Valverde. La organización gestiona actualmente múltiples centros de ayuda humanitaria e infantil a nivel nacional.
El sacerdote Sergio Valverde reaccionó de manera favorable ante la formulación del proyecto de ley presentado en la corriente legislativa. El líder comunal manifestó optimismo respecto al eventual avance y la aprobación definitiva de la reforma en el Congreso costarricense.
“Tomo la noticia con alegría, como un regalo de Dios la posibilidad de este proyecto que está en camino, con la esperanza de que llegue a feliz término. Con la ilusión de poder ayudar a tantas personas que cada día acuden a nuestra institución», argumentó Valverde.
El sacerdote detalló que la organización enfrenta retos económicos inmediatos por la apertura de un nuevo centro habitacional. Los costos operativos de este complejo representan una presión financiera constante para la administración de la agrupación social.
“Más ahora con esta nueva torre que atenderá a 372 jóvenes, cuyo mantenimiento supera los 300 millones de colones por mes, por lo que implica el sostenimiento de los jóvenes en educación, atención médica, las atenciones integrales”, explicó el cura.
Los planes de expansión de la asociación humanitaria contemplan la edificación de una segunda estructura destinada a mujeres. Esta proyección aumenta los requerimientos de capital fijo y corriente para dar cobertura alimentaria y médica básica a los menores de edad.
“Dios sabe cómo estamos intentando hacer y hacer para levantar lo que necesitan estos muchachos día a día, para pensar en el futuro de ellos. Si eso se diese, sería una gran ayuda para el sostenimiento de menores, de niños», añadió Valverde.
La diputada Alfaro sustentó la justificación de su propuesta legislativa utilizando los indicadores sociales oficiales del país. Los datos estadísticos reflejan la urgencia de canalizar recursos hacia los sectores menores de edad desfavorecidos.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondientes al año 2025, un volumen superior a los 183 mil menores de 12 años subsistían en condición de pobreza estructural, afectando su acceso a salud, alimentación y educación.
Para evitar desvíos o manejos indebidos de los fondos públicos, la reforma legal incorpora mecanismos estrictos de fiscalización y control financiero. La normativa prohíbe explícitamente el uso de estos dineros para el financiamiento de gastos operativos internos o planillas administrativas.
Las agrupaciones civiles beneficiadas tendrán la obligación de rendir cuentas periódicas e informes de ejecución presupuestaria detallados ante el Concejo Municipal correspondiente. La auditoría interna municipal y la Contraloría General de la República supervisarán de manera directa todas las liquidaciones financieras.
Finalmente, el proyecto añade el artículo 11 bis como una salvaguarda jurídica institucional. Esta cláusula previene que, en caso de disolución de la asociación receptora, los fondos sean transferidos directamente a la Municipalidad de San José bajo criterios específicos de desarrollo social.
