Rocío Alfaro: ¿Nos hunden en el caos para robarnos derechos?
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, utilizó su espacio de control político en la Asamblea Legislativa para introducir un concepto sociológico de alto impacto: la «doctrina del shock». Según la legisladora, Costa Rica atraviesa una etapa donde se inducen crisis institucionales para justificar medidas que la ciudadanía normalmente rechazaría.
Rocío Alfaro: ¿Nos hunden en el caos para robarnos derechos?
Este modelo, descrito originalmente por la autora Naomi Klein, sugiere que los grupos de poder aprovechan desastres o situaciones críticas para implementar reformas económicas y sociales drásticas. Alfaro sostiene que esta metodología se aplica actualmente en sectores clave como la educación superior, la seguridad nacional y la salud pública costarricense.
Crisis inducidas y soluciones cuestionadas
En su alocución, la legisladora ejemplificó esta teoría mediante el manejo presupuestario de las universidades públicas. Según Alfaro, existe un incumplimiento ilegal en el giro de fondos con el objetivo de forzar «negociaciones a la baja», lo que debilitaría directamente el pensamiento crítico en la formación profesional del país.
Asimismo, la diputada vinculó este fenómeno con la situación minera en el norte del país. Afirmó que se promueve la explotación ilegal de oro para generar caos regional, facilitando luego la aprobación de proyectos que, en sus palabras, representan un intercambio de «oro por cuentas de vidrio» sin beneficios reales.
Seguridad y salud bajo la lupa
El sector seguridad también fue señalado dentro de esta supuesta estrategia de desestabilización. Alfaro mencionó el debilitamiento de los guardacostas y el desfinanciamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como factores que exacerban la criminalidad para luego proponer la suspensión de libertades civiles como remedio.
Finalmente, la legisladora denunció un deterioro «criminal» en las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para la diputada, la fuga de profesionales y el impago de la deuda estatal son mecanismos diseñados para favorecer la privatización y beneficiar al sector de la medicina privada.
