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Corte de Nueva York decide hoy el destino de Nicolás Maduro

El panorama judicial en la Corte del Distrito Sur de Manhattan ha dado un vuelco inesperado durante la jornada de hoy. Tras cumplir 82 días en prisión, Nicolás Maduro comparece ante el juez Alvin Hellerstein con una petición que podría cambiar el curso del proceso.

La defensa técnica, liderada por el abogado Barry J. Pollack, ha presentado una solicitud formal para anular el juicio por narcoterrorismo. Este movimiento legal se fundamenta en supuestas irregularidades constitucionales que han generado una profunda incertidumbre en los pasillos del tribunal neoyorquino.

Corte de Nueva York decide hoy el destino de Nicolás Maduro

El argumento central de la defensa sostiene que el proceso actual vulnera derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna estadounidense. Según el equipo legal, las restricciones financieras impuestas han limitado la capacidad operativa para estructurar una defensa adecuada frente a cargos de extrema gravedad.

Facsímil del escrito del abogado de Nicolas Maduro exigiendo a la dictadura venezolana que paga su defensa en el juicio que enfrenta en New York por narcotraficante

“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales”, sostiene Pollack. Esta afirmación busca cuestionar la legalidad de las licencias de la OFAC en el marco del proceso.

La defensa añade que la imposibilidad de acceder a recursos propios interfiere directamente con la libertad de elegir representación legal. Pollack argumenta que, sin esta capacidad financiera, sus clientes se encuentran en un estado de indefensión técnica frente a la maquinaria del Estado.

En el escrito de 17 fojas, la defensa enfatiza: “La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección”. Este punto pretende forzar una interpretación de la Quinta y Sexta Enmienda.

Sin embargo, fuentes judiciales sugieren que el planteamiento de insolvencia económica es difícil de sostener ante el tribunal. El sistema legal de EE. UU. garantiza un abogado de oficio si se demuestra la carencia de fondos, opción que Maduro ha evitado.

Por otro lado, la fiscalía ha presentado un dossier de la DEA que vincula la estructura de Maduro con actividades transnacionales complejas. El informe de 28 fojas detalla una red financiera que involucra cuentas en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong.

El documento es contundente al describir la naturaleza de estas operaciones internacionales: “Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso”. Esta prueba refuerza la tesis del narcoterrorismo.

Además, el informe señala que la asociación entre Caracas y Teherán trasciende lo económico para entrar en el terreno militar. Se menciona el contrabando de uranio y la transferencia de tecnología de drones como elementos que alteran el equilibrio estratégico regional.

La DEA sostiene que “Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas”. Esta afirmación coloca el caso en una dimensión de seguridad nacional prioritaria para Washington.

El juez Hellerstein debe decidir hoy no solo sobre la nulidad, sino sobre la protección de las pruebas. La fiscalía teme que, de prosperar los argumentos de Pollack, otros imputados como Diosdado Cabello o el “Niño Guerrero” accedan a evidencia sensible.

Alvin Hellerstein, el juez que está a cargo del proceso contra Nicolás Maduro

“Si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación”, cita la defensa evocando precedentes legales. No obstante, la jurisprudencia en casos de seguridad nacional suele otorgar un margen amplio de maniobra al Poder Ejecutivo.

La audiencia de este mediodía definirá si el juicio avanza hacia la etapa de sentencia o si se producen dilaciones. La expectación es máxima, pues el fallo sentará un precedente sobre cómo se juzga a exmandatarios bajo cargos de criminalidad organizada.

Con información de Infobae

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