Patricia Vargas pone la independencia judicial en el centro de su candidatura: «No es un capricho”
Independencia judicial, rezago e inteligencia artificial marcan su plan de nueve ejes
La magistrada Patricia Vargas González defendió este lunes ante la Corte Plena su candidatura a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con un plan de nueve ejes centrado en la independencia judicial, la reducción del rezago, la modernización tecnológica y la protección de los recursos institucionales.
Patricia Vargas pone la independencia judicial en el centro de su candidatura
La integrante de la Sala de Casación Penal inició su exposición con un mensaje de tono institucional: “Fortalecer el Poder Judicial es fortalecer la democracia y la confianza de las personas en sus instituciones”. Luego advirtió que “cuando se debilita la independencia judicial se debilita también la democracia”.
“Defender al Poder Judicial es defender la vida republicana de Costa Rica”, agregó durante la sesión en que se elige a quien conducirá el Poder Judicial por cuatro años. En la contienda también figuran Patricia Solano, Gerardo Rubén Alfaro y Damaris Vargas; se requieren 12 de 22 votos.
Uno de los puntos más enfáticos fue la defensa del presupuesto judicial ante el recorte previsto para 2027. “Un presupuesto digno para el Poder Judicial no es un privilegio institucional, es una condición para ofrecer una justicia digna y proteger los derechos de todas las personas”, sostuvo.
2.463 plazas y 30.000 millones en juego
Según explicó, las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el presupuesto 2027 “congelan cerca de 30 mil millones”, prohíben el traslado de recursos entre partidas y restringen la posibilidad de utilizar 2.463 plazas vacantes.
“Defender nuestro presupuesto, defender 2.463 plazas, que son 2.463 personas servidoras judiciales que podrían perder su trabajo en el 2027, no es un capricho: es defender a la ciudadanía”, enfatizó la candidata ante sus colegas.
En cuanto al rezago judicial, propuso implementar a nivel nacional un modelo de monitoreo continuo, con alertas y pronósticos basados en análisis masivo de datos, para “detectar atrasos, anticipar riesgos y actuar a tiempo”.
También planteó el expediente electrónico en materia penal y penal juvenil, en despachos y en el Ministerio Público, además de tribunales itinerantes para delitos sexuales y violencia contra las mujeres. “Los asuntos sin conclusión son heridas abiertas para las partes”, manifestó.
Sobre modernización, destacó que “el Poder Judicial costarricense es la primera institución pública del país con servidores especializados para inteligencia artificial”. Citó como referentes los sistemas Pretoria (Colombia), Berna (Brasil) y Expertius (México).
Aclaró, sin embargo, que “no se trata solo de introducir una nueva tecnología en procedimientos antiguos, sino de una verdadera transformación” en la forma en que opera la administración de justicia.
En comunicación, propuso fortalecer las vocerías expertas y coordinar mejor las áreas de prensa, pues “la institución no puede comunicarse como si sus dependencias fuesen islas”. Sugirió además acercar la institución a la niñez y realizar la apertura del año judicial fuera del GAM.
En gobernanza, se comprometió a reservar el tiempo de la Corte para los asuntos de mayor relevancia. “Creo en una presidencia que asuma la responsabilidad por las tareas que la normativa le autoriza a desempeñar y que no las traslade al pleno”, expresó.
Su plan incluye el reglamento de la Ley del Régimen Sancionador, una política de persecución disciplinaria contra la corrupción y una mayor vinculación entre la Escuela Judicial y las comisiones jurisdiccionales.
Vargas se presentó como funcionaria vinculada a la institución desde 1996: fue asistente y defensora pública, supervisora, letrada de la Sala Tercera, jueza de juicio y de apelación, y es magistrada desde hace más de tres años.
“Conozco el Poder Judicial desde distintos estamentos y desde distintos lugares, y los contrastes entre la Administración de Justicia del Valle Central y de zonas como Limón, Turrialba o Siquirres”, afirmó la magistrada.
Cerró su intervención apelando a “responsabilidad, trabajo en equipo, diálogo, firmeza y determinación” para “preservar lo que ha dado estabilidad democrática a Costa Rica y hacer los cambios necesarios para responder mejor a los desafíos actuales”.
